El municipio fundó su intento de cobro en mencionar que en la plazoleta existen diversos establecimientos comerciales
El estacionamiento ubicado en la plazoleta del Centro de Justicia de Tepeji del Río (CJT), debe mantenerse como público, sin costo, pues dentro de su perímetro existen dependencias del gobierno municipal que dan atención a ciudadanía en general, opinó la regidora y expresidenta municipal, Araceli Velázquez Ramírez.
La postura de la edila se externa luego de que, hace poco más de 15 días, el gobierno de Tania Valdéz Cuéllar determinara cobrar por derecho de aparcarse en dicho espacio, a pesar de que, además del CJT, ahí se hallan instancias como Sipinna, Instituto de la Mujer y la Direción de Desarrollo Urbano.
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El municipio fundó su intento de cobro en mencionar que en la plazoleta existen diversos establecimientos comerciales (despachos de abogados), cuyas unidades vehiculares se pasan gran parte del día estacionadas en el polígono, haciendo que las personas que acuden por un servicio a las dependencias municipales no tengan lugar para aparcarse.
El pasado 1 de julio, al encontrarse con la pluma de cobro que restringía el libre estacionamiento en el lugar, los abogados y ciudadanos en general iniciaron un bloqueo al estacionamiento del CJT, que solo se retiró hasta que obtuvieron la atención de la alcaldesa.

Durante la mesa de trabajo que la alcaldesa sostuvo con los inconformes, esta mantuvo su postura para justificar el cobro de estacionamiento, pero los quejosos le hicieron ver que no permitirían que se pidiera cuota, porque ellos mismos están encargados de brindarle asesoría legal a la gente que acude a interponer una denuncia o a realizar algún otro trámite legal.
En este contexto, Velázquez Ramírez sostuvo que ella, personalmente, es de la idea de dejar libre de cobro el derecho de estacionarse en el CJT, así como sus inmediaciones.
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De acuerdo con Velázquez Ramírez, requerir una cuota por estacionarse en el CJT no sería legal, ya que no está contemplado en la Ley de Ingresos 2025, por lo que, en todo caso, el requerimiento económico debe esperar para implementarse hasta 2026.
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