Los afectados acusan que los núcleos quieren cobrar la indemnización por las tierras debido a las afectaciones por el tren México-Querétaro
Personal de diferentes dependencias estatales y federales atendieron a ejidatarios de Tula de Allende, quienes desde hace semanas acusan intentos de despojo de parte de sus respectivos predios para cobrar las indemnizaciones correspondientes a partir de la afectación que sufrirán las tierras por el proyecto del tren México-Querétaro.
Los afectados se presentaron afuera del campamento de la cuadrilla del Ejército mexicano que tiene a cargo los trabajos del proyecto ferroviario en el municipio, con el objetivo de exponer sus casos y demandar un pago justo por las tierras que les van a quitar.
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Al respecto, Alexis Ballinas, de la Dirección Central de Apoyo al Ordenamiento Territorial de la Procuraduría Agraria, les dijo a los ejidatarios que, después de un año de permanecer en determinado polígono, se acredita la posesión. “Esto quiere decir que los ejidos los tienen que reconocer como beneficiarios de los terrenos en disputa”, señaló.
La atención se dio como seguimiento a una mesa de trabajo para atender casos de despojo a posesionarios de Bomintzhá; sin embargo, al enterarse de esta reunión, ejidatarios de Tultengo, 16 de Enero, El Llano y Zaragoza se hicieron presentes en el lugar.
Aunque la mesa de trabajo tuvo verificativo a puerta cerrada, los posesionarios esperaron al final de la reunión para ser atendidos por los funcionarios.
La atención al tema por parte de las autoridades se dio de manera forzada, ya que la fracción de Tultengo, conformada por al menos 60 ejidatarios, se dijo dispuesta a parar los trabajos del tren México-Querétaro una vez que comenzaran o incluso cuando el ferrocarril de pasajeros sea puesto en marcha si es que el gobierno federal no los reconoce y los indemniza.
A partir del anuncio del proyecto federal del tren México-Querétaro, ejidatarios de distintos núcleos de Tula han acusado intentos de despojo.
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Los afectados denuncian que los ejidos pretenden cobrar las indemnizaciones correspondientes por afectaciones a las tierras y que no les quieren dar dinero por ello.
En Tultengo, son al menos 60 casos, mientras que en el ejido de Tula hay uno en particular que ya está en tribunales de la Procuraduría Agraria.
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