Acusan invasión y venta irregular de terrenos en Tula

Vecinos de El Llano, segunda sección, denunciaron que, con complicidad de autoridades estatales y municipales, el presidente de la Central Campesina Independiente (CCI) en Tula, Tiquico Pérez Paredes, invade terrenos ejidales ya ocupados e intenta desalojar a sus propietarios y vender los predios hasta en tres ocasiones.

Los pobladores, quienes prefirieron no identificarse por temor a represalias, expusieron que hace dos o tres meses empezó esta irregularidad, la cual han intentado frenar por medios propios, pero dijeron que no han podido, porque “parece que el gobierno está del lado de los malos y corruptos”.

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Señalaron que Tiquico Pérez está invadiendo 82 hectáreas, que desde el 1 de abril de 1980, por decreto del exgobernador Guillermo Rosell, mediante el Diario Oficial del Estado (DOE), se concedieron a 136 ejidatarios de Tula.

Los residentes proporcionaron a este medio documentación digital que acredita sus dichos.

Vecinos señalan a Tiquico Pérez de invasión de ejidos en Tula

Sin embargo, los pobladores dijeron que “el lío proviene desde que a Pedro Velázquez Bárcenas, director estatal de Notarías, le dieron ese encargo, que está aprovechando para adueñarse de grandes superficies de terrenos en la región Tula”.

Sostuvieron que detrás de Tiquico Pérez está dicho funcionario, quien le facilitó al primero  un poder notarial, para que le haga el trabajo sucio y este no se ensucie las manos.

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A nivel local –explicó un habitante–, Pérez Paredes se vale de sus relaciones con el alcalde de Tula, Cristhian Evanivaldo Martínez  Reséndiz, quien presuntamente facilita topógrafos del municipio para hacer levantamientos topográficos y maquinaria para lotificar.

De hecho, afirmaron que, el fin de semana pasado, el titular de la CCI difundió un video vía WhatsApp, en donde agradecía al presidente municipal de Tula por todo el apoyo proporcionado, situación por la cual exigieron una explicación: “Queremos saber por qué se beneficia a particulares con recursos del municipio; más aún, queremos saber por qué se les apoya para cometer delitos”.

Aseguraron que los afectados cuentan con documentos que avalan la posesión de los predios desde hace más de 60 años, porque aunque el decreto de Guillermo Rosell tiene 44 años, en el DOE aparece que los ejidatarios ya tenían en poder las tierras desde 20 años atrás.

Finalmente, llamaron al gobernador Julio Menchaca Salazar a frenar la injusticia descrita y a evaluar a los funcionarios que lo acompañan, porque, dijeron, algunos miembros de su gabinete se sirven del poder y no utilizan el poder para servir; además, le pidieron intervenir antes de que haya un brote de violencia que cueste vidas, como sucedió en 2021.

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