La extracción indiscriminada de piedras y arena tiene consecuencias graves en el equilibrio natural de los afluentes, dicen ambientalistas

En el río Garcés operan dos trituradoras de piedra que no cuentan con permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
Tac, tac, tac, se escucha desde el puente, sobre el río Garcés, en la Huasteca hidalguense, un sonido que advierte la presencia de una retroexcavadora removiendo piedras y arena del cauce, a plena luz del día.
En cada lado del afluente operan dos trituradoras de piedra, las cuales, de acuerdo con la Dirección de Ecología Municipal de Xochiatipan, no cuentan con permisos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
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Uno de los vecinos de Ohuatipa, quien prefirió permanecer en el anonimato, aseguró que “es un secreto a voces” que parte de la maquinaria pertenece al exalcalde Óscar Bautista Gutiérrez.
En mayo pasado, habitantes de Ohuatipa, Xochiatipan y Oxeloco, en Yahualica, organizaron un bloqueo de la carretera estatal para exigir el cese inmediato de estas actividades clandestinas. Aunque lograron llamar la atención de las autoridades, las acciones emprendidas han resultado insuficientes.
“La clausura de la Semarnat no sirvió de nada. Siguen robando las piedras del río, como si nada hubiera pasado”, denunció un residente. Aseguró que hablar públicamente sobre este problema puede tener consecuencias graves: “Aquí está en juego mucho dinero, y los que protestamos nos arriesgamos”.

La situación no es exclusiva del río Garcés. Otros afluentes, como Los Hules o Huitzotlaco, en Atlapexco, y El Candelaria, en Huejutla, enfrentan el mismo destino. Estos ríos no solo son saqueados, sino también contaminados con descargas de aguas negras provenientes de sistemas de drenaje deficientes y plantas de tratamiento inoperantes.
Según ambientalistas, la extracción indiscriminada de piedras y arena tiene consecuencias graves en el equilibrio natural de los ríos. El material pétreo ayuda a ralentizar el flujo del agua, lo que permite que el caudal se mantenga durante más tiempo y evita erosiones severas. Su ausencia acelera el escurrimiento y contribuye a que los ríos se sequen más rápido.
Anselmo León Ramírez, activista ambiental y representante de Huasteca Verde, subrayó que los efectos de esta sobreexplotación ya son visibles. Destacó que la destrucción de estos ecosistemas pone en riesgo la biodiversidad local: “Los ríos de la Huasteca eran hogar de múltiples especies que ahora están desapareciendo. Si no detenemos esto, perderemos un recurso invaluable para las comunidades”.
La contaminación de los ríos añade un riesgo sanitario significativo. En Atlapexco y Huejutla, las aguas residuales de hogares y negocios se vierten directamente en los cauces debido al fracaso de las plantas de tratamiento. Aunque parte de esa agua es clorada antes de enviarla a las tomas domiciliarias, esto no garantiza su seguridad.

“Estamos viviendo una crisis ambiental y sanitaria. Los niños y ancianos son los más vulnerables. Ya hemos tenido casos de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada”, comentó otro habitante.
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A pesar de las múltiples denuncias y las evidencias presentadas, las autoridades locales y estatales parecen actuar con lentitud. Los residentes señalan que los intereses económicos y políticos detrás de estas actividades son un obstáculo para que se tomen medidas contundentes.
“Si las autoridades quisieran, ya habrían detenido estas operaciones ilegales. Pero aquí todo está conectado: empresarios, políticos, y hasta los mismos encargados de cuidar el medio ambiente”, expresó un activista l.
Los habitantes de la Huasteca coinciden en que la solución requiere la intervención inmediata de todas las instancias gubernamentales, así como una mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de proteger los recursos naturales.
“La naturaleza tiene un límite, y nosotros ya lo sobrepasamos. Si no actuamos ahora, los ríos de la Huasteca dejarán de existir, y con ellos, una parte esencial de nuestra identidad y sustento”, externó León Ramírez.
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