Huejutla: Se agrava la situación legal de la diputada Guadalupe Cruz Montaño

La situación legal de María Guadalupe Cruz Montaño, diputada con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se ha complicado tras revelarse nuevos elementos que la vinculan con un presunto esquema de corrupción y robo de identidad para desviar recursos del Congreso del estado de Hidalgo.

De acuerdo con una investigación periodística, Cruz Montaño habría utilizado documentos oficiales de un tercero para justificar pagos por más de 100 mil pesos, correspondientes a supuestos servicios de manejo de redes sociales, así como diseño e impresión de lonas, cargados al presupuesto del Poder Legislativo.

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Los datos utilizados pertenecerían a Héctor David Ruiz Hidalgo, un joven que desde hace más de tres años enfrenta problemas de adicciones y que, durante ese periodo, ha permanecido internado en un centro de rehabilitación, lo que lo imposibilitaría materialmente para haber prestado los servicios profesionales facturados.

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se obtuvo el contrato de prestación de servicios que presuntamente fue firmado por ambas partes, así como las facturas correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), documentos que forman parte de las evidencias del caso.

Sin actuación del Legislativo y de la ASEH

Pese a que el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) tendrían conocimiento de estos hechos, hasta el momento su actuación ha sido limitada en cuanto a la apertura de investigaciones formales o el deslinde de responsabilidades.

En el ámbito político, ha trascendido que Cruz Montaño contaría con el respaldo de Octavio Magaña Soto, recientemente nombrado presidente del Comité Directivo Estatal del PVEM, situación que ha generado señalamientos y versiones sobre una posible red de protección interna; no obstante, hasta ahora no existe un posicionamiento oficial que confirme o descarte dichas versiones.

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El caso se suma a una serie de señalamientos que mantienen bajo escrutinio el manejo de recursos públicos en el Congreso local, mientras se espera que las instancias competentes determinen si existen responsabilidades administrativas o penales.

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