Empleados de la presidencia de Calnali y pobladores acusan que el alcalde Isaid Acosta Téllez solo busca “beneficiarse”, así como a sus familiares, ya que los tiene en la nómina del municipio; esto, pese a que el nepotismo está tipificado como un delito.
Según los inconformes, el edil percibe el doble de sueldo que el servidor que más gana en la demarcación; es decir, el presidente municipal obtiene 50 mil pesos mensuales netos, seguido por el secretario general, Espiridión Téllez Solís, a quien señalan de ser su tío, que recibe una nómina de 24 mil pesos.
Los quejosos añadieron que la esposa del edil, Nancy Lucía Vite Castillo, es presentada como presidenta y directora del DIF de Calnali, por lo que “duplica funciones”.
Lo anterior, ya que la presidencia del Sistema de Desarrollo es un cargo honorario; es decir, no debe percibir un sueldo; en tanto, la directora de la instancia sí tiene una remuneración, aunque la cantidad no aparece en la nómina ni en la Plataforma Nacional de Transparencia.
En el área de Comunicación Social está como encargado Heriberto Lara Acosta, quien es primo del alcalde y percibe 7 mil pesos al mes; el titular del área de Eventos Especiales es Raúl Castillo Argüelles, mismo que gana 8 mil 670 pesos y es “cuñado” del presidente municipal.
También tienen relación con la familia Acosta Téllez Daniel Morales Vite y Carlos Eduardo Morales Vite, quienes ganan 6 mil 94 pesos y 8 mil 828 y ostentan los puestos de encargado y auxiliar operativo de expedientes, respectivamente.
Otra inconsistencia en el ayuntamiento es la falta de precisión de puestos como barrendero, intendente, recolector, auxiliar, así como el término genérico de director y encargado, sin precisar a qué área pertenecen, al igual que el defensor de oficio y la autoridad sustanciadora.
De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 63 bis señala que “comete nepotismo el servidor que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado o vínculo de matrimonio o concubinato”.
El 13 de enero pasado, Criterio publicó que Luis Villegas, regidor por el Partido Acción Nacional (PAN) en Calnali, interpondría una queja ante la Secretaría de la Función Pública debido a presuntas irregularidades cometidas por el ayuntamiento, entre ellas, actos de nepotismo.
El panista dijo que rechaza a los titulares de la Secretaría Municipal y de Control Interno, porque su nombramiento contraviene la Ley Orgánica y la de Responsabilidad de Servidores Públicos en su artículo 63.
“Espiridión Téllez Solís fue nombrado secretario municipal y es tío en primer grado del alcalde Isaid Acosta Téllez, y la contralora también es su tía”, precisó.
Indicó que las decisiones del presidente municipal son acciones que van en contra de la ley y que por ello se iniciará un procedimiento administrativo para que la autoridad pueda darle seguimiento y no se comentan inconsistencias, que van en detrimento de la función pública y de Calnali.
A los reclamos de las presuntas irregularidades del alcalde inhabilitado de la función pública, también se sumó la regidora de Acción Nacional Diana Hernández Solares y su homóloga priista Eneida Aquino Laram, con quienes hará trabajo en equipo.
Inhabilitado
- Acosta Téllez fue inhabilitado de la función pública, por irregularidades de 237 proyectos, en diciembre de 2020, cuando fungió como director de Obras Públicas de Calnali; sin embargo, no suspendieron el mandato
- Desde 2022 tiene una orden de aprehensión por desvío de recursos, la cual no se ejecuta por un amparo que promovió
Salomón Hernández l Calnali
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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el Congreso local presentaron la iniciativa para crear la llamada Ley Leslie, con la que se busca tipificar las agresiones mediante el uso de sustancias corrosivas y que se pretende establecer penas de seis a 14 años de prisión, que se pueden agravar en caso de que el perpetrador sea una persona cercana.
En rueda de prensa, Santiago Nieto Castillo, encargado de la dependencia estatal, detalló que en la entidad hay 14 carpetas de investigación referentes a los ataques de este tipo, las cuales dos fue con gasolina; nueve, con químicos, y dos, con otras variantes, en municipios como Pachuca, Tula, Ixmiquilpan y Tulancingo.
