En Mixquiahuala, familiares de tres detenidos se manifestaron para exigir un juicio justo

La noche del 1 de agosto, en el Juzgado de Control de Mixquiahuala de Juárez, fueron vinculadas a proceso tres personas —un hombre y dos mujeres—, quienes, se presume, están relacionadas con la agresión ocurrida en un bar del municipio, donde dos hombres perdieron la vida y otro más resultó herido.

Antes esta situación, familiares de los detenidos se manifestaron el pasado viernes en el Centro de Mixquiahula y expusieron que se han dado errores y omisiones durante el proceso legal.

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¿Qué ha pasado con el caso del bar Bárbaro & Friends, en Mixquiahuala?

Zabdi Mendoza argumentó que se llevó a cabo la vinculación a proceso, a pesar de que la defensa presentó una videograbación que contradice la versión del Ministerio Público sobre los hechos ocurridos entre el 24 y 25 de julio en el bar Bárbaro & Friends, ubicado en la colonia El Bondho.

Además, aseguró que, de manera preocupante, la audiencia estuvo marcada por un actuar parcial y prepotente por parte de la jueza de control, Bárbara Santos, quien, de forma notoria, cubrió las deficiencias de la Fiscalía y restó valor a los datos de prueba ofrecidos por la defensa, lo que vulneró así el principio de imparcialidad judicial.

También, Mendoza explicó que el actuar del Ministerio Público fue omiso e ineficiente, al mostrar falta de preparación y contradicciones que fueron pasadas por alto durante la audiencia. Esto, según el manifestante, demuestra una práctica alarmante: en lugar de investigar con objetividad, las instituciones priorizan resultados estadísticos sobre la justicia real.

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Por lo anterior, denunció públicamente la vulneración de derechos fundamentales de los imputados, la omisión de valorar un video que muestra la verdad de los hechos, el comportamiento impropio y grosero por parte de la autoridad judicial y la tendencia institucional a fabricar culpables en lugar de encontrar la verdad.

Por lo que exigieron una revisión inmediata de la resolución de vinculación, la intervención del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, y un proceso justo, transparente y respetuoso de los derechos humanos.

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