Este viernes por la tarde se realizó el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) para los candidatos a diputaciones locales del Distrito XI con sede en Tulancingo de Bravo.

Los aspirantes son: por Movimiento Ciudadano (MC) Erika del Carmen Tello Arenas, por la coalición Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Nueva Alianza (PANAL) Arturo Gómez Canales, por el Partido del Trabajo (PT) Salvador Sosa Arroyo.

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Mientras que por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Alejandro de la Concha Ortiz y la coalición Fuerza y Corazón por Hidalgo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD) estuvo Raúl Renán Sánchez Parra.

El ejercicio democrático estuvo dividido en tres vertientes que fueron educación, salud y anticorrupción, en las que los abanderados de cada partido y candidatura común tuvieron hasta dos minutos para exponer sus propuestas sobre dichas temáticas.

En la primera de ellas, la candidata del partido naranja consideró importante fomentar la educación desde temprana edad, así como incluir educación financiera también en los primeros niveles.

Sosa Arroyo coincidió en la educación a edad temprana, además de enfatizar la salud mental en los estudiantes más jóvenes para evitar problemas a futuro.

Para el segundo tema a abordar, el de la carencia de medicamentos en algunos centros de salud, el candidato de PRI, PAN y PRD lamentó que la falta de insumos en hospitales sea responsabilidad del gobierno federal.

En el mismo sentido, de la Concha Ortiz cuestionó la falta de industria farmacéutica en la entidad, por lo que propuso importar tecnología para ese rubro y tener suficientes medicamentos de origen local.

Asimismo, el abanderado de Morena y Nueva Alianza aseveró que, de resultar ganador el 2 de junio, legislará para aumentar el presupuesto de los 53 centros médicos y tres hospitales con los que cuenta el distrito.

Y para el último rubro, el combate a la corrupción, dos propuestas fueron las resaltables, por parte del abanderado del PT para aumentar las penas por dicho ilícito y alcanzar un máximo de 20 años en prisión.

Mientras que Sánchez Parra replicó una transición que desde la actual legislatura se aprobó, que es la transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) a Fiscalía.