Anexos deberían estar enlazados con PC y la SSP, plantea regidor de Tulancingo

Este año han sido denunciados públicamente al menos dos casos de maltrato físico contra personas recluidas en anexos que operan en la región conformada por los municipios Cuautepec de Hinojosa, Santiago Tulantepec, Singuilucan y Tulancingo, donde hasta el trienio pasado se contabilizaban alrededor de 180 espacios para la rehabilitación de adictos al alcohol u otras sustancias psicoactivas, por lo que deberían estar enlazados con las áreas de Protección Civil (PC) y Seguridad Pública (SSP).

Ante las constantes riñas con lesionados, suicidios y supuestas “muertes naturales” dentro de anexos o “clínicas de rehabilitación”, el anterior gobierno de Tulancingo, inició mesas de trabajo para regular estos espacios; sin embargo, el avance fue prácticamente nulo.

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Y es que de 26 anexos que al cierre de octubre de 2023 habían sido identificados en Tulancingo, actualmente la Dirección de Reglamentos solo tiene registro de seis, informó el munícipe Andrés Carlos de la Riva Larios, presidente de la Comisión de Salud del ayuntamiento.

Por ello, el también médico de profesión se pronunció a favor de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 218 para la Prevención de Alcoholismo y Adicciones, en la que se especifica cómo deben estar conformados y el funcionamiento de los anexos, mismos que deben estar sujetos a una formalización, cuyo seguimiento en la entidad corresponde a la Comisión para la Prevención contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo (Copriseh).

Copriseh, instancia facultada para verificar la operatividad en Tulancingo

Explicó que la Copriseh es la instancia que está facultada para verificar la operatividad de los anexos, clínicas de rehabilitación o granjas que, entre otros aspectos, deben contar con espacios acordes a la normativa.

Además, dijo, tienen que estar enlazados con las áreas de Protección Civil y Seguridad Pública. “Eso, a grandes rasgos, es lo mínimo con lo que deben cumplir para poder funcionar adecuadamente”.

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No menos importante, agregó, es el seguimiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), a través de visitas para verificar que no hay violencia hacia los usuarios ni se cometen ilícitos.

Además, señaló que el personal mínimo con el que deben operar en los anexos, es un psicólogo, psiquiatra, médico general y consejeros certificados en adicciones.

“En el caso de Tulancingo, ninguno cumple con la norma, no dudó que en algunos casos prevalezca la buena voluntad, pero no deja de haber el vicio y el beneficio económico, porque no se le da el seguimiento a los pacientes, no sabemos si realmente se rehabilitaron o luego son llevados por sus familiares para abandonarlos y es cuando ese usuario es explotado para hacer funciones ajenas a la rehabilitación”, advirtió.

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