La Suprema Corte de Justicia confirmó ayer que 22 personas son culpables, por negligencia, de la muerte de 49 niños y lesiones a 38 personas más durante el incendio de la Guardería ABC, ocurrido en junio de 2009.
Sin embargo, la Corte también ordenó a un tribunal unitario de Hermosillo, Sonora, fijar nuevas penas de prisión, que serán menores a los entre 14 y 29 años que dictó en 2017.
La Primera Sala de la Corte, que atrajo el caso ABC en 2018, aprobó por unanimidad proyectos del ministro Alfredo Gutiérrez, que fijan los criterios aplicables a todos los demás.
Dos son amparos de Antonio Salido Suárez, secretario del Consejo de Administración de la guardería, y Martín Lugo Portillo, exdirector de Bomberos de Hermosillo, ambos condenados a 28 años y 11 meses de cárcel por el Tercer Tribunal Unitario en Hermosillo.
El otro es un amparo de padres de las víctimas, que impugnaron la absolución de tres coordinadoras de guarderías del IMSS, quienes ahora quedan como culpables del delito de ejercicio indebido del servicio público.
Con la aprobación de este último proyecto, el total de condenados paso de 19 a 22.
Las sentencias aprobadas confirman que 19 acusados, entre personal del IMSS, el gobierno estatal y municipal, y dueños de la guardería, son responsables de homicidio y lesiones culposas, es decir, involuntarios, por la cadena de negligencias que provocó el incendio en una bodega de la Secretaria de Hacienda estatal, que se extendió a la estancia infantil.
Pero la Corte consideró que el tribunal unitario violó el artículo 14 de la Constitución en perjuicio de los acusados, ya que, al calcular la pena de cárcel, no aplico el artículo 64 del Código Penal Federal (CPF) que regula el “concurso ideal” de delitos, argumentando que, de hacerlo, la pena sería muy baja e iría contra del
interés superior de los menores.
Esto llevó al tribunal a multiplicar la pena que fijó para cada delito por cada una de las 92 víctimas – incluidos 5 adultos lesionados– lo que según la Corte fue ilegal y violo derechos constitucionales de los acusados.
Víctor Fuentes I Agencia Reforma
