El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asumió ayer un cuarto mandato consecutivo junto con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, en medio de nuevas sanciones y presiones de Estados Unidos y la Unión Europea, pero con el reconocimiento de otros gobiernos, entre ellos el de México.

Luego de que el domingo la cancillería mexicana diera marcha atrás en su decisión de enviar un representante a la toma de protesta, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Ramiro Ayala, encargado de negocios de la Embajada en Managua, acudiría a la ceremonia.

“Nosotros tenemos buenas relaciones con todos y no queremos ser imprudentes. Nosotros no podemos hacer a un lado nuestra política de autodeterminación de los pueblos y de independencia”, sostuvo desde Palacio Nacional.

Por la tarde de ayer, la cancillería confirmó la asistencia de Ayala, mientras que imágenes de la televisión nicaragüense mostraron también en el evento a Alberto Anaya, dirigente nacional del PT, aliado de Morena.

Activistas de derechos humanos en el país centroamericano criticaron la presencia del representante mexicano en la ceremonia.

“Que Rusia, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán y aún China avalen la farsa de Ortega, el tirano de Nicaragua, no me sorprende, pero que el Pdte de México @lopezobrador_ avale los crímenes de lesa humanidad de una dinastía criminal, es sorprendente y repulsivo”, tuiteó Bianca Jagger, quien tiene una fundación enfocada en la protección de los derechos humanos.

Ortega, de 76 años, prestó juramento ante el Parlamento, de mayoría oficialista, en una ceremonia en la plaza de la Revolución, en el antiguo centro de Managua.

En su discurso inaugural, ironizó sobre las sanciones anunciadas por Estados Unidos al considerar como una “condecoración” la impuesta a la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha.

Además de Rocha, fueron sujetos de sanciones la Ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, y los generales del Ejército Bayardo Pulido Ortiz y Bayardo Rodríguez Ruiz, entre otros.

En los últimos tres años, Estados Unidos y la UE han lanzado una batería de sanciones contra familiares, allegados y funcionarios de Ortega, así como a la Policía nacional y la Fiscalía, a los cuales se les acusa de corrupción y violación a los derechos humanos.

Staff I Agencia Reforma