Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, señaló que es imposible que este órgano dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió su desafuero.

El mandatario del Partido Acción Nacional es acusado de lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparable.

Sobre este caso, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que la Sección Instructora transparentara el expediente entregado por la Fiscalía contra el gobernador de Tamaulipas.

“No es posible hacer público el expediente, no lo permite la ley, las personas que tienen acceso a este expediente lo hacen en condición de sigilo.

“La Sección Instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente, no solamente porque la ley lo impide y es un delito, sino que no es el procedimiento, porque en el expediente dan nombres, datos de personas, no solo del inculpado, sino de muchísimas otras personas, por lo tanto, estas personas tienen derechos y no pueden ser atropelladas esas personas y nosotros somos custodios de eso”, respondió.

¿Entonces el presidente no sabe que se viola la ley?, se le preguntó.

“No tengo ningún comentario al respecto. No se puede abrir al público el expediente, está prohibido por la ley y es un delito”, respondió Gómez.

El legislador precisó que si bien la Sección Instructora no puede divulgar el expediente, la FGR podría dar a conocer algunos elementos de la demanda que presentó ante la Cámara de Diputados.

“Si el Fiscal General quiere dar a conocer elementos que están en su petición, su solicitud, es cosa de él, en eso no nos metemos ni es nuestra responsabilidad. El inculpado también puede libremente, incluso puede pedir copias, de lo que este en el expediente, bajo su responsabilidad”, dijo sobre la difusión del documento entregado a diputados.

Pablo Gómez precisó que a partir del día siguiente de la notificación, que fue el lunes primero de marzo, empieza a correr el plazo de siete días para que García Cabeza de Vaca declare ante la Sección Instructora.
El legislador explicó que sino declara, se entenderá que las acusaciones presentadas en su contra, él las niega.
Para estos casos de desafuero, dijo, el que no declara, niega; y no aplica el que calla acepta.

“No funciona ese método en absoluto, es al revés”, añadió.

El gobernador de Tamaulipas, aseveró, puede presentar su planteamiento ante la Sección Instructora, por escrito, porque actualmente, por la pandemia de Covid-19, no se están realizando comparecencias presenciales.

Después de esos siete días, agregó, la Sección Instructora tendrá que reunirse y acordar la apertura del periodo de pruebas y después notificar a la parte de la fiscalía el contenido del documento que presente, eventualmente, el inculpado.

Gómez abundó que las partes tendrán 30 días para hacer el acopio, la presentación y para contradecir o desvirtuar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Luego de esos 30 días, la Sección Instructora tendrá que evaluar la situación y tomar sus decisiones, dijo.
Sobre la reforma que aprobó el Congreso de Tamaulipas, que prevé que no haya lugar a proceder contra el gobernador, a pesar de la declaratoria de procedencia de la Cámara, Gómez declaró que son decisiones que toma el Poder Legislativo de ese estado.

“Eso es competencia exclusiva del Congreso libre y soberano de Tamaulipas”, destacó sobre la posibilidad de que no tenga efecto alguno la declaración de procedencia en la Cámara de Diputados.

Claudia Salazar I Agencia Reforma