Un tribunal federal ratificó hoy que Rafael Caro Quintero no puede ser expulsado del país o entregado en forma inmediata a Estados Unidos, sin un proceso de extradición de por medio.
El Segundo Tribunal Colegiado Penal en Toluca, Estado de México, desechó la queja que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) contra la suspensión de plano que impide trasladar al capo al extranjero, al menos mientras no se resuelva el amparo que promovió contra ese posible acto.
El argumento del Tribunal es que la FGR impugnó un acuerdo judicial distinto al que debía combatir y que, además, no está en la lista de actos que pueden ser recurridos mediante el recurso de queja, razón por la que no había otra opción que el desechamiento.
El 16 de julio pasado, expuso, Francisco Reséndiz Neri, juez Séptimo de Disrito en Amparo de Jalisco, concedió a Caro Quintero esta suspensión de plano y luego se declaró incompetente y turnó la demanda al Estado de México, por estar preso el quejoso en el penal del Altiplano.
El 21 de julio Abigaíl Ocampo Álvarez, juez Primero de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca, acordó aceptar la competencia, admitir a trámite la demanda y convalidar la suspensión de plano decretada por su homólogo de Jalisco.
Lo que hizo la FGR fue presentar la queja contra el acuerdo de la juez Ocampo y no contra la decisión original del juez de Jalisco, un equívoco que tuvo como consecuencia el desechamiento de la impugnación.
“En efecto, el auto impugnado no concedió ni negó la suspensión de plano ni la provisional; sino que se limitó a (convalidar la suspensión definitiva), la que previamente había concedido el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco (), por lo que en su caso, era el auto de 16 de julio de 2022 el que pudo combatirse a través de la queja, pues la suspensión ya surtía sus efectos, sin que estuviera supeditada al proveído de 21 de julio de 2022”, aclaró el colegiado.
Caro Quintero fue detenido el pasado 15 de julio en Choix, Sinaloa, en un operativo de la Marina en el que el mismo día murieron 14 de sus elementos, al desplomarse el helicóptero en que se trasladaban.
Desde entonces, el narcotraficante está preso en el penal del Altiplano.
En prisión, enfrenta el juicio de extradición a Estados Unidos por el crimen del ex agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, en 1985, y cumple con los casi 12 años de cárcel que le faltan para compurgar su condena de 40 que le impusieron en México por el mismo asesinato.
Abel Barajas
Agencia Reforma
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