Las limitaciones aprobadas por la Administración a la iniciativa privada para importar hidrocarburos y petrolíferos vulnerará el mercado y provocará la pérdida de nuevas inversiones, coincidieron especialistas.

Santiago Arroyo, experto en petrolíferos, expuso que la Secretaría de Energía (Sener), en su afán de hacer cumplir su palabra, emitió un documento que vulnera al mercado y que no tomó en cuenta los comentarios de particulares ni de Cofece.

“La Sener coarta tiempos de vigencia de una importación, una acción que vulnera la libre concurrencia, la libre competencia y el libre mercado, con una mínima intervención del Estado, pues al retirar el permiso de 20 años quita la posibilidad de crear inversiones a largo plazo. Le están quebrando las piernas a la inversión.

“Piden requisitos imposible de cumplir y Sener hace esto con la intención de vulnerar el mercado. Hablan de balanza energética, que si nos ponemos exquisitos con la numeralia, el sistema nacional de refinación no cubre ni 50 por ciento de la demanda; este simple acto de autoridad mata el argumento de querer mantener la balanza energética”, señaló.

Arturo Carranza, especialista en el sector energético, aseguró que el acuerdo vulnera la certidumbre regulatoria y representa un obstáculo a las inversiones, particularmente de pequeñas y medianas empresas que buscan incursionar en el mercado.

“El hecho de que los permisos se reduzcan favorecerá a Pemex porque tiene prácticamente toda la infraestructura. Es un mercado dinámico y venía creciendo, pero al emitir una regulación que complique la entrada de nuevos jugadores afectará la competencia y repercutirá en el mercado”, explicó.

El sábado, las secretarías de Economía y de Energía publicaron el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual se modifican los lineamientos para otorgar permisos de importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, así como la vigencia de los mismos.

Gabriel Ruiz, socio de la Práctica de Energía de Thompson & Knight, dijo que es probable que los afectados suspendan los efectos del acuerdo mediante amparos, porque se busca un cambio jurídico por encima de las leyes, como sucedió con el sector eléctrico.

“Una vez más se trata de modificar el marco jurídico actual mediante acuerdos administrativos contradictorios a lo que establecen las leyes. Creo que ese es el tema principal de este tipo de acuerdos; donde el razonamiento de quien emite el acuerdo es una, pero los principios y el marco jurídico actual es otra, por lo que hay que ver cómo se encuentra un balance”, puntualizó.

Diana Gante I Agencia Reforma