La organización civil Grupo Información en Reproducción Elegida (GIRE) advirtió que enfrentar un proceso penal por aborto, sin importar el sentido de la sentencia, puede traer consecuencias de manera permanente en la vida de las personas denunciadas.
La asociación documentó en 2012 el caso de Rebeca, una mujer de origen hidalguense, quien cursaba un embarazo deseado, pero de alto riesgo.
La afectada fue sujeta a un proceso penal, acusada de tentativa de aborto; asimismo, fue privada de la libertad durante 19 días bajo condiciones precarias e insalubres, hecho que deterioró su salud, narra la organización.
GIRE cuenta que en febrero del mismo año, una infección en las vías respiratorias le provocó una fiebre, la cual intentó disminuir con una ducha, durante la cual tuvo un sangrado y arrojó dos coágulos. Su madre la trasladó al hospital.
Sin embargo, el médico que la atendió afirmó que la mujer había utilizado una pastilla para el aborto; además, dio aviso al Ministerio Público (MP).
Al conocer el caso, la asociación cubrió la fianza correspondiente para que la mujer obtuviera la libertad provisional; además, presentó un amparo contra el auto de formal prisión, el cual se resolvió de manera favorable en enero de 2013.
El Ministerio Público interpuso una apelación del caso de Rebeca, pero en octubre de ese año, se obtuvo la resolución final a favor de ella.
El Congreso local rechazó, con 15 votos en contra, 10 a favor y cinco abstenciones, el dictamen para permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) durante las primeras doce semanas de gestación.
GIRE destaca que las inciativas de reforma para permitir el aborto voluntario con límite a las 12 semanas significan una oportunidad para acabar la discriminación jurídica a la que son sujetas las mujeres.
Yuvenil Torres I Pachuca
