Presidente de Honduras desde 2014 y reelegido hasta 2022 con la bendición de Washington, Juan Orlando Hernández es señalado ahora como narcotraficante en una corte federal estadunidense, aunque se mantiene blindado por su mayoría parlamentaria.

El presidente debe “asumir su responsabilidad, creo yo, como cualquier otra persona (…) y devolverle a Honduras la paz, la tranquilidad y la democracia”, comentó a la AFP el ciudadano José Zambrano, en una calle de Tegucigalpa.

En una corte federal de Nueva York, durante el juicio a Geovanny Fuentes, un presunto narcotraficante hondureño, el fiscal Jacob Gutwillig dijo al jurado que tanto el acusado como el gobernante eran socios y “planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran”.

Considerado por los fiscales un “coconspirador” dentro de un “narco-Estado”, Hernández sin embargo se presenta como un adalid en la lucha contra las drogas en su empobrecido país. Aún no existe una acusación formal en su contra.

“Se le ha reducido el tiempo y el espacio de maniobra política. Lo más que puede lograr es terminar su periodo, porque no hay acusación formal”, consideró el sociólogo y analista Eugenio Sosa.

Hernández mantiene el control del parlamento, la justicia y las Fuerzas Armadas. En enero, la oposición parlamentaria planteó un juicio político.

“Lamentablemente la mayoría de los diputados votó en contra” y el tema se cerró, recordó la legisladora opositora Doris Gutiérrez, quien integra un grupo de 50 parlamentarios que exige la renuncia del presidente.

AFP I Tegucigalpa