Tras una elección en 2021 que estuvo marcada por la violencia política y la influencia del crimen organizado, el Gobierno federal presentó un plan para disminuir la participación de la delincuencia en los seis estados que renovarán Gubernaturas.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que la intención es detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades contra candidatos o aspirantes o comunidades.
“No permitiremos que sean presa del crimen organizado y de la delincuencia de cuello blanco”, afirmó.
La SSPC, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral (INE), el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Unidad de Inteligencia Financiera instalaron la mesa de seguridad rumbo a los comicios del 5 de junio.
Sin mencionar 2021, Rodríguez reconoció que el “partido del crimen organizado” ha intentado competir en las elecciones mediante campañas de miedo, por lo que amenazan, cooptan, imponen y financian a candidatos.
Para lograrlo, dijo, su estrategia es el secuestro, la intimidación de familias y la extorsión.
Instalamos hoy la mesa de seguridad para los procesos democráticos de este 2022 (Revocación de Mandato, elecciones locales y elecciones extraordinarias), en la que participan @INEMexico @SEGOB_mx @SSPCMexico y la Fiscalía de Delitos Electorales. pic.twitter.com/F5fw2acJG6
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) February 1, 2022
Entre las acciones está la capacitación de funcionarios federales, estatales y municipales que convergen en las mesas de paz y la orientación sobre seguridad de personas que compiten por cargos de elección.
Seguimiento de 24 horas de los casos más relevantes; a quienes competirán por una Gubernatura, y si lo requieren, la Guardia Nacional les brindará protección; y monitorear conjuntamente incidentes que podrían afectar los procesos democráticos.
Se enviarán los incidentes a los gobiernos estatales para darles protección a candidatos locales; se protegerán o atenderán peticiones sobre capacitadores y funcionarios de casillas, y se realizarán operativos disuasivos de la Guardia Nacional.
Sin embargo, Rodríguez aseguró que para lograr una elección pacífica también requiere que los candidatos actúen dentro de la ley.
“Hacemos un llamado para que sus aspirantes cumplan con los requisitos legales, la construcción de la paz requiere de una democracia fuerte y libre donde cada persona pueda votar en libertad, sin ningún tipo de presión”, añadió.
En su turno, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, insistió en que la democracia es una obra colectiva, por ello se requiere de la colaboración de instancias gubernamentales.
Lo que corresponde al organismo, dijo el consejero, garantiza las medidas de seguridad en los materiales, como credenciales de elector, boletas y tinta indeleble.
“La democracia es la negación de la violencia, y la democracia para recrearse en su dimensión electoral, requiere de un adecuado contexto de paz pública y de seguridad”, sostuvo.
En tanto, el Fiscal en delitos electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, destacó que desplegarán delegados en las seis entidades.
“Vamos a estar alertas para que no suceda lo que no queremos que suceda”, dijo.
Colaboración, por encima de diferencias
Ante miembros del Gabinete presidencial, encabezados por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el titular del INE aseguró que para seguir construyendo la democracia se requiere capacidad y disposición de sobreponer los puntos de confluencia por encima de las legítimas diferencias.
Córodova recordó que el INE es un órgano institucional autónomo, por ello defienden celosamente su independencia y sus decisiones.
“Pero autonomía no significa autarquía, no somos un ente aislado, somos un ente del Estado mexicano y sabemos colaborar con otras instituciones del mismo Estado y con todos los gobiernos, sin importar su signo de orientación política e ideológica”, abundó.
El consejero presidente recordó que este año también se realizará la revocación de mandato, la cual tendrá que ajustarse a los recursos que el INE tiene disponibles, ante la negativa de la Secretaría de Hacienda de ampliarles el recurso.
Érika Hernández
Agencia Reforma
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