El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, entregó ayer al Congreso local una iniciativa para la creación de la Ley de Protección a Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción para el estado de Hidalgo, la cual, de acuerdo con la diputada Doralicia Martínez Bautista, deberá resolverse en 30 días.

En su intervención, el funcionario estatal dijo que dicha normativa busca brindar más derechos, beneficios y protección a todos los que tengan conocimiento de hechos delictivos en materia de corrupción o hayan participado en estos.

Por su parte, el secretario de Contraloría, César Mora Velázquez, dijo que dicha ley es un precedente, pues no se tiene una a nivel federal; además, fue trabajada con miembros del Sistema Estatal Anticorrupción y diferentes organismos internacionales y nacionales.

En tanto, el presidente de la Junta de Gobierno, Asael Hernández Cerón, precisó que se revisará con puntualidad y mucha responsabilidad la propuesta; asimismo, aseguró que en caso de ser necesario harán las respectivas modificaciones que consideren para garantizar que el combate a la corrupción sea una realidad y vaya más allá del discurso con hechos contundentes.

No obstante, el gobernador Omar Fayad Meneses escribió en Twitter que dicha ley busca generar condiciones de certeza y seguridad a quienes, por deber o por voluntad propia, colaboran en el combate a la corrupción.

“Existe el temor de que las personas que aportan información al proceso se vean afectadas afectadas en su integridad física y psicológica, patrimonio, estabilidad laboral y jurídica”, expresó.

Adela Garmez

Pachuca