El gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, eludió acusaciones de defraudación fiscal por 7 millones de pesos en el sexenio anterior, amparado en el fuero como diputado federal.

En los últimos meses del sexenio de Enrique Peña, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó una orden de aprehensión contra Gallardo Cardona, por una presunta defraudación fiscal de 7 millones de pesos cometida en 2012.

Al ahora abanderado del PVEM le imputaron un fraude fiscal de 7 millones 32 mil 76 pesos por concepto de Impuesto Sobre Ia Renta (ISR) en el año fiscal 2012.

Esta cantidad, según la PGR, derivó de que en aquel año obtuvo ingresos acumulables de 25 millones 204 mil 103 pesos y sólo declaró 1 millón 742 mil 259 pesos.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de San Luis Potosí citó a una audiencia de imputación el 8 de marzo de 2018 a la que Gallardo Cardona no se presentó alegando estar enfermo de influenza, y
fue reprogramada.

El señalado informó a las autoridades que había realizado dos declaraciones fiscales complementarias para justificar que los ingresos cuestionados eran en su mayoría préstamos de sus propias empresas.

Incluso se acercó a la PGR para ofrecer un acuerdo reparatorio con la Secretaría Hacienda y se dijo dispuesto a pagar en forma adicional el presunto daño causado a la hacienda pública, a cambio de que fuera retirada la imputación penal. No obstante, su oferta fue rechazada.

Una nueva audiencia programada para abril de 2018 se volvió a reprogramar para septiembre de ese año, sin embargo para entonces Gallardo Cardona ya había conseguido el fuero como diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la diligencia quedó sin efectos.

De este modo, el candidato ganador de la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí, esquivó primero una orden de aprehensión y después un posible proceso.

En 2020, la ahora Fiscalía General de la República (FGR) inició dos nuevas carpetas de investigación contra Gallardo Cardona por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, derivado de denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Hace unos días, la Fiscalía Anticorrupción se declaró incompetente para continuar con una de las indagatorias y la turnó a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Abel Barajas
Agencia Reforma