Ante el pleno del Congreso local, Alejandro Enciso Arellano, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso que personas que ejerzan actos de violencia en contra de un animal doméstico se hagan responsables de la reparación del daño a través de la solvencia de los gastos para la atención médica veterinaria.
El legislador planteó la modificación al artículo 24 de la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales estatal, con la que se contempla que los infractores se encarguen de los dispendios para los medicamentos y tratamientos o, en su caso, de las intervenciones quirúrgicas en caso de que las mascotas lo requieran, aunado a las sanciones administrativas y penales que ya existen en otros ordenamientos legales.
El Código Penal local considera los actos de maltrato o crueldad animal como un delito, por lo que se contemplan penas que van desde los tres meses hasta un año de prisión y de 25 a 50 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) si se tratan de lesiones.
En cambio, si estas causan la muerte del ejemplar, las sanciones aumentan desde los seis meses a dos años en un centro penitenciario y el pago de 50 a 150 veces la UMA; además, se incluyen agravantes, tales como si estas acciones se hacen ante la presencia de un menor o si se graban para ser difundidos o hacerlos públicos.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), México es el tercer país en América Latina con mayor incidencia de maltrato animal, además de que el 70 por ciento de los perros en el país viven en situación de calle.
La iniciativa, que fue firmada por toda la bancada del PRI, fue turnada a la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y resolutivo pertinente.
Irving Cruz | Pachuca
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