Por tercera vez en este año, diputados locales propusieron implementar la Ley Ingrid en Hidalgo y, de esa manera, castigar a los funcionarios públicos que filtren información, imágenes, audios o material gráfico relacionado con una investigación o procedimiento penal y atenten contra la dignidad de las víctimas.
De acuerdo con la iniciativa presentada por legisladores del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, se propuso agregar el artículo 299 bis al Código Penal estatal.
Con lo cual se plantea que se impongan penas de dos a siete años de prisión y una multa que corresponda de 50 a 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al servidor público que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, distribuya, audiograbe, fotografíe, reproduzca, oferte, intercambie o comparta imágenes, video, audios o documentos relacionados con una investigación o procedimiento penal de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte.
En caso de que esta práctica se cometa en contra de adolescentes o niñas y constituya una posible lesión a la dignidad o a la memoria de las víctimas directas o indirectas, la pena aumentará en una tercera parte.
El diputado Jesús Osiris Leines Medécigo señaló que el objetivo de la iniciativa es tipificar estas conductas, mismas que, indicó, atentan contra la dignidad de las víctimas, fortalecer la protección de sus datos y combatir la violencia de género mediática.
Asimismo, recordó que esta serie de reformas surgieron cuando Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio en 2020 y fueron filtradas imágenes de su cuerpo, las cuales se difundieron en redes sociales y algunos medios de comunicación, lo cual causó indignación y una serie de protestas en la Fiscalía General de Ciudad de México.
En marzo del año pasado, durante la LXIV Legislatura, también fue presentada una iniciativa en la materia y se quedó en la congeladora.
Giovanny Flores I Pachuca
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