Delgado Mendoza explicó que ya existe un antecedente importante, pues en años anteriores la Constitución fue traducida al hñähñú, al tepehua y al náhuatl

Delgado Mendoza argumentó que dicha medida permitirá evitar violaciones a derechos humanos
Foto: Archivo
La diputada local Cynthia Delgado Mendoza planteó la actualización de la Constitución Política de Hidalgo en lenguas originarias, con el objetivo de garantizar el acceso a la información y la justicia para más de 350 mil hablantes indígenas en la entidad.
La legisladora explicó que ya existe un antecedente importante, pues en años anteriores la Constitución fue traducida al hñähñú, lengua hablada en el Valle del Mezquital, al tepehua y al náhuatl, de Huehuetla.
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Sin embargo, estas versiones de la Constitución han quedado desactualizadas frente a las reformas recientes, por lo que ahora deben ponerse al día y hacerlas accesibles a la población, dijo.
“Lo que buscamos es que el Congreso ponga al alcance de todos y todas estas traducciones de manera actualizada, incluso, a través de su página oficial”, señaló.
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Para lograrlo, Delgado Mendoza indicó que inició gestiones con la Junta de Gobierno del Congreso y con la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se impulsará formalmente la propuesta.
No obstante, reconoció que será necesario destinar recursos para cubrir el trabajo de actualización de los traductores, del cual aún no tienen un presupuesto estimado.
En este sentido, consideró que el argumento de austeridad no debe ser un obstáculo para avanzar en este tema, ya que argumentó que no implica un gasto exagerado, sobre todo cuando se trata de pueblos originarios, que son prioritarios, afirmó.
De acuerdo con la diputada, más de 120 mil personas hablan hñähñú, mientras que en el caso del tepehua la cifra ronda los 2 mil hablantes, lo que representa un sector amplio de la población que podría beneficiarse, además de otras lenguas que se traducirían, que en suma beneficiarían a más de 300 mil personas, sostuvo.
La legisladora advirtió que no contar con versiones actualizadas de la Constitución en estos idiomas puede representar una barrera para el acceso a derechos.
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