Salvador Sosa Arroyo, diputado local de Movimiento Re-generación Nacional (Morena), propuso incrementar las sanciones contra quienes dañen la infraestructura pública y privada de distribución de agua potable.
El planteamiento contempla que las multas establecidas en el inciso 2 del artículo 165 de la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, actualmente de 50 a 75 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aumenten a entre 100 y 300.
El congresista argumentó que su iniciativa deriva del incremento en el hallazgo de tomas clandestinas del líquido en la entidad. En el Valle del Mezquital, agregó, solo cinco municipios no registraron esta irregularidad en tres años, pues en 16 demarcaciones se detectó extracción ilegal.
Sosa Arroyo añadió que es “muy difícil” saber la situación en las demás regiones del estado, pues cada organismo operador del servicio trabaja de manera diferente, lo que complica documentar esa situación.
“No podemos dejar que este vital líquido sea desperdiciado y mucho menos robado de la infraestructura pública.
“Si evitamos y prevenimos su robo (del agua), protegiendo la infraestructura ya existente, podemos focalizar los recursos, aumentando la red de distribución en sitios lejanos de la entidad, a su vez, disminuyendo estas conductas que suponen un daño al patrimonio público y privado”, manifestó.
Además, consideró que se debe promover la creación de hábitos sobre el consumo del líquido en las viviendas, así como fomentar la cultura de la denuncia de “actos tan reprobables como el robo y daño a los organismos operadores”.
Emmanuel Rincón I Pachuca
A 237 días del inicio de la pandemia de Covid-19, el estado superó los 16 mil casos de coronavirus, al pasar de 15 mil 924 a 16 mil 16; es decir, se confirmaron 92 nuevos contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Hidal-go (SSH).
