Blanca Sánchez Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), afirmó que la denuncia contra tres magistrados de ese ente —iniciada por el abogado Raúl López Aguirre por dictaminar que hay una sucesión testamentaria a favor de un particular sobre un inmueble propiedad del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2011— debe resolverse conforme a Derecho.
Tras reunirse con la parte acusadora, la jurista aseveró no poder juzgar el tema penal; no obstante, calificó como “un asunto personal” el que el litigante se sienta agraviado por la decisión de los señalados.
“Tiene derecho de iniciar una carpeta (de investigación), pero solo la Procuraduría (General de Justicia de Hidalgo) tiene derecho de decir si se continúa con el asunto. Mi posición, después de conocer el asunto y (de) lo que se quejó, no puedo hablar por él, creo que comprendió que los magistrados fue una simple decisión judicial (sic)”, agregó.
El 1 de octubre, Criterio informó que López Aguirre inició la carpeta de investigación NUC-122019- 13105 por delitos come-
tidos por servidores públicos contra los magistrados Hortencia Ramírez Ramírez, José Manning Bustamante y Eduardo Castillo del Ángel, quienes integran la Segunda Sala Civil y Familiar del TSJH.
En entrevista con Criterio, López Aguirre mencionó que, por este asunto, tiene un amparo (1163/2019) ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Pachuca, así como un recurso de queja pendiente de resolver en segunda instancia de la Segunda Sala Civil y Familiar.
JUECES NO JUSTIFICARON SU DICTAMEN: LEGISTA
López Aguirre argumentó que los magistrados no fundamentaron en su resolución por qué debe proceder el reparto de bienes en beneficio de un particular, por lo que inició la denuncia con base en el artículo 355, fracción V, del Código Penal
Este apartado indica que se sancionará al funcionario de la procuración de Justicia que no justifique por qué, si tiene documentos que demuestran un dicho, lo dicta en contra
Marisol Flores I Pachuca
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