Piden reparación de daños ambientales
 
Hace (54) meses
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Integrantes del Movimiento Ambientalista de la Sierra Hidalguense (MASH) acudieron ayer al Congreso de Hidalgo para pedir que se revise el permiso de operación de la minera Autlán y que la firma resarza el daño ambiental que, según ellos, ha causado en comunidades de Molango, Lolotla y Tepehuacán. De lo contrario, dijeron, exigirán su cierre definitivo.

Los activistas aseveraron que tenían programada una reunión con un representante de la empresa el jueves pasado en la sede del Poder Ejecutivo estatal, pero el portavoz de la compañía no se presentó, por lo que asistieron al recinto legislativo para entrevistarse con los diputados Víctor Guerrero Trejo, del distrito Zimapán, y José Luis Espinoza Silva.

Griselda Bautista Paredes, miembro de la organización, explicó que la minera procuraba resarcir el daño ambiental durante los primeros años de su asentamiento en la región: en los 60; sin embargo, gradualmente dejaron de hacerlo.

Agregó que la firma fue certificada como “socialmente responsable” en la administración de Francisco Olvera Ruiz, reconocimiento que piden retirar por supuestos daños ecológicos y la detección de altos niveles de manganeso en la sangre de algunas personas en 20 comunidades de la zona a consecuencia de su operación.

Además, aseveró que el río Claro, que inicia en la laguna de Atezca, Molango, está contaminado con un polvo denominado pizarra, lo que ha ocasionado la muerte de peces.

Para resarcir la situación, los quejosos exigen que Autlán instale plantas de tratamiento y realice “otras acciones” para eliminar la polución del afluente, pues deben acarrear agua “varios kilómetros” para asearse y beberla.

MASH se integra por pobladores de Zacuala, Tlatzintla, Ixcatlán y Cuxhuacán, comunidades de Molango, así como Tamala, San Simón y Acuimantla, de Tepehuacán, entre otras.

CIERRAN ACCESOS

Los miembros de MASH mantienen bloqueados los accesos a la mina de la empresa ubicada en Tlaxcango, Lolotla. Acusaron que implementaron medidas similares en 2017, pero fueron desalojados por granaderos; además, algunos fueron detenidos, golpeados y trasladados a la entonces Procuraduría General de Justicia (PGR), ahora Fiscalía

Marisol Flores I Pachuca

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