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Piden investigar despidos y acoso laboral en TEPJF

Los ajustes administrativos incrementaron desde la llegada de José Luis Vargas


Personal del área administrativa de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) denunció intimidaciones, acoso laboral y despidos injustificados.

Si bien distintas fuentes judiciales reportan despidos disfrazados de renuncias de alrededor de 50 personas en los últimas semanas, los ajustes, señalan, se han incrementado desde el inicio de la administración del actual magistrado presidente, José Luis Vargas.

Las bajas laborales han alcanzado a mandos superiores, medios y empleados operativos, señalan las fuentes, y diversas áreas que pasan por la Secretaría Administrativa y la Dirección General de Recursos Humanos, hasta algunas jefaturas de departamento y auxiliares de área.

Todos estos cambios, aseguran, se realizan “por órdenes superiores”, sin más explicación.

Uno de los inconformes con su baja laboral, con fecha 31 de mayo, es Jaime Adolfo Morlotte, director de área adscrito a la Unidad de Seguimiento y Evolución Patrimonial de la Contraloría Interna, quien solicitó la intervención de la Comisión de Administración de ese órgano jurisdiccional para que revisen la situación laboral, que considera irregular, y su caso en particular.

Morlotte, fue dado de baja a través de diversos oficios considerados como ilegales por el titular de la Contraloría Interna, de quien depende el área a la que ha estado asignado.

Los oficios con la notificación, desconocidos por la Contraloría, fueron firmados por el jefe de Unidad de Registro, Seguimiento y Evolución Patrimonial de la Contraloría Interna, Octavio Díaz García de León; el secretario administrativo, Andrés Álvarez Kuri, y el encargado de la dirección general de Recursos Humanos, Eduardo Barajas López.

Solicita que se finquen responsabilidades administrativas de esos funcionarios que, señala, actuaron sin atribuciones legales para decretar su baja laboral y la de otros empleados del Tribunal.

“Mi baja es injustificada, además de que se dio a raíz de un oficio expedido por autoridad notoriamente incompetente.

“Considero que este tipo de conductas de acoso laboral, discriminación y similares, no pueden ni deben permitirse en el máximo órgano de administración de justicia en materia electoral”, señala Morlotte Ayala.

Staff I Agencia Reforma

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