A tres años y ocho meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado mexicano a esclarecer la participación del Ejército, la Policía Federal, Policía Estatal de Guerrero y Policías locales en los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
En el informe del primer año de labores del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, presentado por la relatora para México Esmeralda Arosemena, se advierte la existencia de obstáculos para resolver el caso, como la destrucción de pruebas y la falta de consignaciones por desaparición forzada.
“A más de 3 años de ocurridos los hechos, el paradero de los estudiantes sigue siendo desconocido. No hay nuevas detenciones de actores estatales que podrían haber participado en la noche de los hechos de Iguala”, se indica en el documento de 31 páginas.
Establecido en julio de 2016, tras la salida del Grupo Independiente de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuvo a México a investigar los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, el Mecanismo pidió investigar a profundidad la razón por la que todo el personal de la Policía Federal adscrito a la estación de Iguala fue relevado sólo unas semanas después de los hechos.
“La mayoría de la plantilla de la Policía Federal que laboraba en la estación de Iguala fue trasladada a otras unidades en el país por instrucciones recibidas el 10 de octubre de 2014”, expone la CIDH.
Por ello, pide investigar la cadena de mando que decidió mover al personal.
Otro de los puntos a investigar destacados por la CIDH es la necesidad de investigar a elementos de las Policías municipales de Pilcaya y Tepecoacuilco, por posiblemente haber estado presentes en las zonas cercanas a los hechos del 26 de septiembre.
“La Comisión ha dado seguimiento a las investigaciones que la PGR ha realizado en este apartado respecto a los policías municipales alrededor del municipio de Iguala, Guerrero, y destaca a dos de ellas Pilcaya y Tepecoacuilco”, apunta el informe de balance del Mecanismo.
Por otra parte, la CIDH hace notar una declaración de un policía estatal en la investigación en la que asegura haber estado custodiando el basurero de Cocula desde el día 5 de octubre de 2014; el basurero sería la escena de incineración según la versión presentada por las autoridades.
“La Comisión considera importante que se aclare este punto debido a que el basurero de Cocula fue descubierto oficialmente por una llamada anónima del 26 de octubre de 2014”, apunta el informe.
Acatar fallo
Durante la presentación, la relatora Esmeralda Arosemena señaló que el Gobierno mexicano debe de cumplir con el fallo de un Tribunal Colegiado de Circuito que exige la instalación de una Comisión de la Verdad para investigar la desaparición de los estudiantes.
“La sentencia es inapelable. Nuestro llamado al Estado mexicano es que ponga en marcha el cumplimiento de su sentencia de un Tribunal de justicia”, dijo.
José Díaz Briseño
Agencia Reforma
