Areli Rubí Miranda Ayala, diputada local independiente, y Miguel Ángel Peña Flores, del Partido del Trabajo (PT), presentaron una iniciativa para prohibir la subcontratación en todos los órganos de gobierno, con la excepción de servicios y obras especializadas.
Esto, debido a que consideraron que el outsourcing genera desigualdad por el trato y las prestaciones que tienen los trabajadores que laboran bajo dicho esquema.
Además, ambos legisladores señalaron que la iniciativa complementaría las reformas en materia de subcontratación que entraron en vigor en todo el país el mes pasado.
“Si bien es cierto que la LFT (Ley Federal del Trabajo) reguló los esquemas (de outsourcing), estas fueron poco efectivas para impedir prácticas que afectan la antigüedad, estabilidad y pago de reparto de utilidades, entre otros perjuicios contra los trabajadores”, aseveró Miranda Ayala durante la exposición de motivos del proyecto de decreto.
La iniciativa busca adicionar el artículo 6 bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatal y Municipales, con el objetivo de que la tercerización esté prohibida en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los 84 ayuntamientos de Hidalgo.
Las empresas que brinden servicios especializados sí podrían operar bajo el modelo de outsourcing con los organismos públicos de gobierno, aunque tendrían que registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social federal (STPS).
REFORMAS
Luego de su aprobación en las cámaras de Senadores y Diputados, el 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación el conjunto de reformas que prohíben el outsourcing a nivel nacional
El proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para ser analizado
Irving Cruz I Pachuca
También te puede interesar Buscan dar autonomía a contralorías locales
El grupo legislativo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local presentó una iniciativa para que las contralorías locales funjan como órganos internos de control y cuenten con autonomía de los ayuntamientos, pues, aunque consideró que los sistemas nacional y estatal anticorrupción han tenido un buen desempeño, hay un atraso en las alcaldías.
