Para incorporar a las trabajadoras del hogar al régimen obligatorio del IMSS, es necesario fijar un salario mínimo profesional para el sector, ya que éste será la base para calcular su contribución a la seguridad social, afirmó Christian Mendoza, investigadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB).
La especialista en políticas de género señaló que la Ley Federal del Trabajo determina que se debe fijar un salario mínimo para esta ocupación y el encargo lo tiene la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).
“Es necesario fijar el salario mínimo para poder hacer las estimaciones del pago de contribución a la seguridad social: cuánto le tocaría aportar a las trabajadoras, cuánto a los empleadores y cuánto pondría el Estado”, indicó.
Agregó que se debe hacer un estudio sobre el perfil de las trabajadoras del hogar, la variabilidad de salarios que reciben y el perfil de los empleadores.
Esto es importante, subrayó, porque actualmente los sueldos para este sector en la Ciudad de México no son comparables a los de Chiapas o Oaxaca, donde se les paga menos.
A decir de Mendoza, esto debe ser considerado en el programa piloto para la incorporación de las trabajadoras del hogar que está diseñando el IMSS.
El plan tendría que contemplar también las distintas formas como se emplea a las trabajadoras del hogar: de planta o de entrada por salida; con un patrón o con varios patrones; y por hora, y a través de aplicaciones digitales.
Se debe incluir, además, la posibilidad de que diferentes patrones aporten, de manera proporcional, a la seguridad social de una misma trabajadora.
Actualmente, las empleadas del hogar pueden afiliarse de manera voluntaria al IMSS para obtener atención médica; sin embargo, el 97.5 por ciento trabaja en la informalidad, según un estudio de ILSB.
Al incorporarlas al régimen obligatorio tendrían acceso, además, a prestaciones como guarderías, licencia de maternidad, incapacidades, pensión por invalidez y vida y fondo para el retiro.
La coordinadora del Programa de Género del ILSB, organización que ha acompañado a las trabajadoras del hogar en su exigencia de derechos, afirmó que es viable que los empleadores puedan contribuir, pues la mayoría de ellos se ubica en niveles socioeconómicos altos.
Recordó que en México hay 2.4 millones de personas empleadas en el hogar, de las cuales 95 por ciento son mujeres.
Dulce Anahí Soto Luévano
Agencia Reforma
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