Las autoridades federales y estatales no deben evadir el problema de la venta de las niñas que se lleva a cabo en la región de la Montaña de Guerrero, consideró el activista Abel Barrera, del centro de Derechos
Humanos Tlachinollan.

“El Estado tiene la obligación de proteger a los niños garantizándoles sus derechos básicos como la educación, alimentación, la salud, recreación a un desarrollo óptimo, sano pero para eso tiene que haber inversión en las comunidades indígenas”, expresó Barrera .

“No hay que centrarse solo en un problema comunitario y si estos derechos se han trastocado es porque el Estado no ha cumplido con su responsabilidad de proteger los derechos de los niños”, planteó.

Barrera rechazó las medidas que anunció el Gobierno de Héctor Astudillo de penalizar o criminalizar a los padres que siguen con esa costumbre del pago de la dote.

“No se le puede enmarcar como venta de mujeres o trata de personas porque esto que se hace es una concertación entre familias”, señaló el antropólogo.

Dijo que el gobierno no puede aplicar la ley porque finalmente es su responsabilidad que ocurran estos casos (venta de niñas), ya que no les garantiza a los niños que mejoren su situación social.
“El gobierno dice que estudien, pero dónde lo van a hacer si en muchas comunidades de la Montaña no hay escuelas y tampoco maestros”, mencionó.

“Estas costumbres comunitarias han trastocado los derechos de los niños porque el Estado no ha cumplido con su responsabilidad de por lo menos garantizarles el derecho a la educación básica y estamos hablando de solamente primaria y secundaria, ni siquiera bachillerato” expresó.

Jesús Guerrero
Agencia Reforma