Humberto Vieyra Alamilla, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), consideró que la tortura es un delito muy grave que debe ser sancionado “de manera severa”.

A nivel federal, el ilícito es castigado con una pena de 10 a 20 años de prisión y multa de 500 a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); sin embargo, en Hidalgo es aún menor, pues se contemplan de 3 a 12 años de cárcel y de 200 a 500 veces el criterio económico.

La aplicación de una sanción menor para quien ejerza tortura provocó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusiera una acción de anticonstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 10 de enero del presente año.

Vieyra Alamilla dijo que desconoce el curso del proceso, pues fue presentado por la CNDH, pero sostuvo que la legislación local debe homologarse, a efecto de que, al igual que en el Código Penal Federal, se aplique una penalidad mayor.

“El delito de tortura se debe sancionar para erradicarlo”, sentenció el primer visitador, quien reconoció que el ente autónomo local ha emitido recomendaciones por este ilícito, pero no detalló fechas ni instancias.

La demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, indica que el Congreso local realizó una “doble y deficiente” tipificación del delito de tortura, “al no prever la totalidad de las conductas por las que se configura”, con la derogación del artículo 301 y la modificación del 322 bis párrafo primero del Código Penal estatal, realizada en diciembre de 2017.

En agosto de ese año, la CNDH emitió otra acción de inconstitucionalidad por modificaciones al mismo código, pues la fracción IX del artículo 301 consideraba una doble regulación entre los delitos de abuso de autoridad y tortura.

El documento de enero refiere que, además de que la legislatura local disminuyó la penalidad para el delito de tortura, las sanciones que establece no responden a la gravedad del ilícito y no garantizan la debida reparación del daño.

Tras el pronunciamiento del organismo protector de los derechos humanos, el Congreso local argumentó que se trata de un tema de “interpretación”.

SENTENCIAS

20 años de prisión es la pena máxima en el Código Penal Federal por el delito de tortura; la mínima es diez.

12 años de cárcel es la sanción mayor por tortura en la entidad; la menor es tres.

Yuvenil Torres I Pachuca

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