Durante su comparecencia ante la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la LXIV Legislatura local, César Román Mora Velázquez, titular de la Secretaría de la Contraloría de Hidalgo, pidió un aumento de 96.7 millones de pesos para 2020 y reformar lo relativo a la contraloría social, para que no quede “al arbitrio” de los entes públicos —municipios, poderes y organismos— la creación de este órgano ciudadano, cuya función es verificar que el presupuesto se emplee en lo que está destinado.

El funcionario, quien fue cuestionado por 12 diputados, señaló que en el ámbito nacional existe una política de combate a la corrupción, por lo que se han destinado recursos a los organismos que vigilan y fiscalizan la correcta aplicación del dinero público.

“Únicamente solicito presupuesto para instalaciones dignas”, respondió Mora Velázquez a la pregunta del panista Asael Hernández Cerón sobre qué necesita para una correcta rendición de cuentas.

El secretario dijo que el financiamiento que solicita para el próximo ejercicio fiscal se destinará a incrementar en 57 por ciento el personal que supervisa los recursos públicos.

Agregó que se designarían trabajadores en los órganos internos de control en todas las dependencias, quienes se integrarían a las áreas sustanciadoras e investigadoras para cumplir la Ley General de Responsabilidades Públicas.

“Se tienen más funciones, pero si no hay un presupuesto, difícilmente se puede dar cumplimiento y hacer las tareas”, mencionó.

La pesista Viridiana Jajaira Aceves Calva inquirió sobre los contratos que el gobierno del estado realizó con la persona física Samanta Mendoza Gálvez, a quien se le entregaron facturas en el supuesto de presunción de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS).

Mora Velázquez expresó que han sancionado a 263 compañías, derivado de las verificaciones físicas a 725 domicilios fiscales tanto en Hidalgo como en seis estados más; asimismo, dijo que han revisado mil 735 expedientes de proveedores de los 5 mil 200 que tiene la administración estatal.

HAY EXPEDIENTES

En entrevista con medios de comunicación, el contralor estatal especificó que se integran los expedientes de las empresas que pudieran tener responsabilidad penal para que se pueda acudir con las autoridades judiciales correspondientes

En la comparecencia destacó que, en el periodo de 24 años comprendido entre 1994 y 2018, en los cuatro sexenios anteriores a la actual administración estatal, únicamente se había sancionado a siete compañías

Agregó que existen 31 apercibimientos por responsabilidades administrativas de un total de 574 procedimientos; además, se han presentado siete denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por el probable desvío de recursos en el mismo número de municipios

Marisol Flores | Pachuca

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