Perfila Corte aval a Ley de salarios

El presidente de la suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, propuso ayer a sus colegas desechar las acciones que impugnan la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos sin pronunciarse sobre su Constitucionalidad.

La propuesta del ministro fue apoyada por sus colegas Yasmín Esquivel y Norma Piña, quien tuvo la última intervención del día.

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La discusión continuará este martes, pero bastará que se sume otro Ministro a la propuesta, para que la Corte no logre reunir los ocho votos que son necesarios para invalidar la ley, como plantea el proyecto del Ministro Alberto Pérez Dayán.

Zaldívar explicó que la ley, publicada originalmente el 5 de noviembre de 2018, sufrió cambios de fondo a raíz de una reforma del pasado 12 de abril, por lo que las normas impugnadas cesaron sus efectos y a nada práctico conduciría una sentencia de la Corte.

“Se alteró la totalidad del sistema normativo”, dijo Zaldívar, al destacar que se agregaron múltiples sujetos obligados por la ley, nuevos principios y formas de determinar remuneraciones, y ahora se prevé que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados emita opinión sobre salarios mínimos y máximos.

Agregó que, en todo caso, la CNDH y los senadores de oposición que impugnaron la ley original tendrían que presentar nuevas acciones para cuestionar la versión vigente.

“’¿Lo que se resuelva en este momento será aplicable aún para los 14 preceptos reformados, de los 17 que conforman la ley?”, preguntó Esquivel Mossa. “La respuesta es negativa”.

Piña advirtió que, aún si la mayoría de Ministros considera que sí se pueden estudiar los temas de fondo, ella no se pronunciará sobre ellos, e insistirá en que estas acciones son improcedentes.

En el pasado, la Corte ha establecido que no cualquier reforma a una ley califica como “nuevo acto legislativo” que lleve al desechamiento de las acciones en su contra, sino que deben ser cambios sustantivos, que alteren los alcances del sistema normativo.

El proyecto de Pérez Dayán estudia, uno por uno, los artículos reformados en abril y concluye que ninguno de los cambios fue trascendente, ni remedió las omisiones alegadas por la CNDH y los senadores de oposición.

La principal omisión que se imputa a la ley es que no fija parámetros para determinar el salario del presidente de la república, que es el tope para todos los demás funcionarios.

Pérez Dayán propuso dos causas de invalidez: falla en el procedimiento legislativo, pues pasaron siete años entre la aprobación de la ley en el Senado y en la Cámara de Diputados y omisión sobre el salario del presidente.

Víctor Fuentes I Agencia Reforma

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