La baja inversión pública se ha convertido en un lastre que, en lugar de contribuir al crecimiento económico, le resta puntos.
Después de la crisis financiera de 2008 la inversión pública en México tomó un camino descendente del cual no ha podido salir.
Mientras en 2008 el gasto de inversión del sector público fue equivalente a 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en 2017 la proporción fue de sólo 3.1 por ciento, de acuerdo con cifras del Inegi.
Entre 2008 y 2017 la inversión pública descendió a un ritmo de 4.34 por ciento anual, en términos reales.
Las consecuencias de este comportamiento bajista se reflejan en la tasa de crecimiento del PIB, dado que en lugar de contribuir al crecimiento, cada año la inversión pública resta décimas al avance del PIB por su pérdida de importancia en el mismo.
Por ejemplo, si en 2017 el nivel de la inversión pública hubiera sido igual al que tuvo en 2016 –en lugar de registrar una caída de 6.6 por ciento–, el PIB nacional hubiera crecido 2.26 por ciento, en vez del 2.04 que creció: la caída de la inversión pública restó 22 centésimas al crecimiento del PIB.
En el caso extremo de que la inversión pública hubiese sido nula en 2017, la evolución del PIB en ese año habría sido negativa.
“El decrecimiento de la inversión pública es una decisión consciente del Gobierno para mantener las cuentas fiscales acotadas”, comentó Juan Carlos Moreno-Brid, especialista de la UNAM en temas de políticas para el desarrollo y el crecimiento económico.
Moreno-Brid explicó que, a partir de 2009 el Gobierno instrumentó una política anticíclica para protegerse de los choques externos aumentando el gasto público.
Sin embargo, la reforma fiscal del Presidente Enrique Peña no fue suficiente para cubrir las necesidades sociales, y la inversión pública durante la Administración actual se fue recortando.
Jonathan Heath, consultor privado, aseguró que una de las principales razones del declive de la inversión pública fue la reforma energética implementada durante el Gobierno de Felipe Calderón, la cual redireccionó el equivalente a 2 por ciento del PIB hacía Pemex.
Heath afirma también que durante ese sexenio se implementó una cláusula de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que admitía un aumento del déficit en el balance fiscal en caso de una recesión en la economía.
Y, luego de haber redefinido ‘balance fiscal’ para que no incluyera la inversión en Pemex, la economía entró en recesión por la crisis internacional de 2008-2009. El problema, advierte el experto, es que no se volvió a sanear el balance fiscal.
Un factor adicional, puntualizó Heath, que se volvió más agudo con el Gobierno de Peña, es que se aumentó el gasto, pero el dirigido a programas sociales. Entonces, cada vez se tenían menos recursos para utilizar en inversión pública.
Juan Carlos Orozco y Amelia Gonzalez
Agencia Reforma
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