Un tribunal federal ordenó resolver nuevamente si José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, deben o no continuar procesados por delincuencia organizada y lavado de dinero en la compra de 31 inmuebles, porque en el juicio no les informaron la identidad de dos testigos protegidos que declaran contra ambos.

El Tercer Tribunal Colegiado Penal de Toluca les otorgó un amparo que cancela la formal prisión del único juicio vigente en su contra porque estimó que les violaron su derecho de defensa y de debido proceso al no ser informados de la identidad de los testigos con nombres clave “X” y “Mateo”.

Este último, según constancias de otros procesos, es Sergio Villarreal el Grande, operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva, quien fue extraditado a Estados Unidos y también es testigo colaborador del Departamento de Justicia del país vecino.

De acuerdo con el tribunal, el expediente debe ser devuelto a Enrique Vázquez Pérez, juez tercero de distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, para que reponga el procedimiento y tome otra vez la declaración preparatoria.

En esta nueva diligencia, se deberá informarles la identidad de los testigos protegidos y tendrá que ser resuelta nuevamente su situación jurídica.

La Fiscalía General de la República acusó en este expediente a Abarca, exalcalde de Iguala, y Pineda, así como de la hermana del primero, Rosalía Abarca Velázquez, y su marido, Cirilo Lara Brito, de pertenecer a la organización criminal de Guerreros Unidos y lavar dinero en la compra de los inmuebles.

Abarca y Pineda fueron detenidos por la Policía Federal el 4 de noviembre de 2014 en Iztapalapa. Él fue internado en el penal del Altiplano y ella en el Federal Femenil de Amacuzac, Morelos.

El exalcalde ya libró desde el 2018 la acusación del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Abel Barajas
Agencia Reforma