Una jueza federal ordenó a las autoridades del Penal Federal del Altiplano brindarle atención médica a Gerardo S. C., expresidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), preso por delincuencia organizada y lavado de más de 58 millones de pesos.
María del Socorro Castillo Sánchez, jueza Segundo de Distrito en Amparo y Juicios Federales del Estado de México, concedió la suspensión al político hidalguense contra la negativa de las autoridades de la cárcel de atender su salud.
“Se suspende de plano y de oficio el acto reclamado, consistente en la negativa de prestar atención médica y otorgarle el suministro de medicamentos, para el efecto de que acorde a su expediente clínico y respecto de los padecimientos que tenga, reciba la atención médica que en su caso requiera. Por tanto, queda a cargo y bajo la responsabilidad de las autoridades la integridad y salud del quejoso”, determinó.
Asimismo, señala que en un término de 24 horas “informen acerca de la forma y términos en que hayan dado cumplimiento a esta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho”.
La impartidora de justicia advirtió a la dirección del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) que, en caso de incumplir con su mandamiento, podrían hacerse acreedores a una pena de 3 a 9 años de prisión, inhabilitación del cargo y multa de 50 a 500 días.
Esta demanda de garantías fue presentada el pasado jueves por Diana Matxalen Hernández Cortés, en representación del imputado, contra actos del director del Cefereso número 1 Altiplano y otras autoridades.
Por esta razón, Castillo Sánchez facultó a un actuario para que acuda al penal y le pida al hidalguense manifestar si ratifica o no este amparo. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado y quedará sin efecto la suspensión que ordena brindarle la atención médica.
Gerardo S. C. fue aprehendido el 31 de agosto en Ciudad de México y luego vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de 58 millones 245 mil 948 pesos entre 2011 y 2018, una parte con recursos de la universidad.
Abel Barajas
Agencia Reforma
