El expresidente municipal de Atotonilco de Tula Raúl López Ramírez presentó desde el 14 de agosto un juicio de amparo contra una posible orden de aprehensión girada en su contra, pero fue admitida hasta el 20 de ese mes y concedida la suspensión provisional con el pago de una garantía de 4 mil 500 pesos.

El Juzgado Tercero de Distrito atiende el recurso registrado en el expediente 537/2020, del cual no ha podido llevarse a cabo la audiencia incidental, toda vez que el Juzgado de Control, Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución del Tercer Circuito Judicial de Tula de Allende no ha emitido su informe previo.

No obstante, el comandante del Grupo de Aprehensiones I y II, de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJH), negó el acto reclamado.

El 2 de septiembre, Criterio informó que los entonces regidores Juana Rodríguez López, de Morena; Elías Gustavo Salazar Rodríguez, del PT, así como Javier Rodríguez Moreno y Héctor Rodríguez López, de Encuentro Social, interpusieron tres denuncias contra López Ramírez y la tesorera Natalia Crisóstomo Tovar: la primera, por la falsificación de documentos oficiales y uso indebido de estos, así como fraude procesal, lo que quedó asentado con el folio 16-2020-01705.

Con el número 16-2020-0210 se registró el delito de desacato a una resolución judicial y el tercero, FED/UNIDADII/93/2020, por peculado, por la posible malversación de recursos públicos etiquetados (pago de dietas).

Según los denunciantes, las anomalías comenzaron en diciembre de 2018, “cuando nos negamos a aprobar los presupuestos de egresos 2019 y 2020 porque perjudicaban a la Hacienda Pública; el equipo del (otrora) presidente empezó a falsear información para que se publicaran en el Periódico Oficial del Estado (POEH)”.

Los exasambleístas pidieron en febrero que Raúl López aclarara el destino de los casi 72 millones de pesos que se sumaron al Presupuesto de Egreso de 2019, que era de 152 millones 79 mil 122.34 y pasó a 223 millones 935 mil 175.51 con modificaciones fuera de tiempo y solo con el aval de nueve regidores de los 14, ya que tenía que ser mayoría calificada.

Asimismo, detectaron anomalías en 21 partidas, como los rubros de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, que aumentó de 300 mil pesos a 10 millones 465 mil 583; además, en materia de vigilancia se gastaron más de 4 millones 500 mil pesos.

Adela Garmez I Pachuca