A una semana del cierre de comercios no esenciales en Pachuca, Ramiro Gutiérrez Barranco, presidente de Grupo Procentro, informó que hasta el momento las autoridades tanto municipales como estatales no han definido un día exacto para la reapertura de los establecimientos.
“Tenemos que programar la apertura, lo que la gente necesita es certidumbre y saber lo que viene o qué va a pasar. Uno de los problemas que tuvimos la semana pasada cuando salió el comunicado (del cierre de comercios) es que no traía fechas, y provoca en la gente inestabilidad desde el punto de vista emocional”, detalló el dirigente de los comercios del primer cuadro de Pachuca.
Asimismo, Gutiérrez Barranco propuso el lunes 1 de febrero para que los diversos establecimientos de la capital puedan abrir nuevamente al público, sin embargo, dijo estar consciente que depende de si los contagios, decesos y hospitalizaciones a causa de Covid-19 desciende. Refirió que para abrir aceptarían medidas como reducción de horarios y vigilancia continua para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios.
“Con horarios muy recortados y con todas las medidas de precaución, pero me parece que el día 1 de febrero es una fecha buena, colaboraríamos con casi cuatro semanas de cierre y creo que es factible”, declaró en entrevista telefónica.
De acuerdo con el dirigente comercial, la fecha sería “idónea” debido a que es cerca del día de pago a trabajadores formales (quincena), además de que la temporada de venta por el 14 de febrero —considerada como temporada alta— se mantendrían para este año.
Irving Cruz
Pachuca
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió una controversia constitucional a través de la cual reconoció la facultad del ayuntamiento de Pachuca de expedir licencias o autorizaciones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial.
Dicha resolución corresponde al recurso con número de expediente 223/2019, presentado por la administración municipal pasada en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad, con la intención de invalidar el artículo 33 de la Ley Estatal de Asentamientos Humanos, así como un acto de aplicación promovido por la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) en 2019.
