Pese a que víctimas del presunto violador serial de Tlalpan relataron una serie de irregularidades durante su proceso, la Procuraduría General de Justicia capitalina, mediante un comunicado, aseguró que atendió a las jóvenes conforme a protocolos.

“Es muy fácil para ellos justificar sus propias fallas mencionando que todo lo hacen procurando nuestro bienestar cuando han existido bastantes fallas desde el momento de las denuncias”, declaró Sara, víctima de violación.

Aunque las jóvenes relataron una serie de obstáculos para continuar con su asesora jurídica, la PGJ indicó que se les asignaron debidamente asesores jurídicos públicos para el seguimiento de la carpeta de investigación.

“La representación de la asesoría jurídica se ha proporcionado a las víctimas del delito, a través de asesoras jurídicas debidamente impuestas; precisando que todos los asesores jurídicos tienen la misma preparación”, se asegura en el comunicado.

“La asesoría actual tiene bastantes defectos y comete muchas negligencias, abusa de su poder y siempre trata de manipularnos, no se cansan de repetir que somos débiles por ser víctimas.

“Yo dure 10 meses sin un asesor y ellos lo sabían”, dijo Sara, quien fue atacada en agosto de 2016.

Actualmente, 10 de ellas no tienen asesoría jurídica, ya que la que tenían renunció a su puesto por presunto acoso por parte su jefa.

Según la dependencia desde agosto de 2016, se otorgó la atención a las agraviadas, en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, de trabajo social, psicología, médica, jurídica y psicojurídica. Incluso algunas recibieron atención psicoterapéutica, tanto individual como grupal.

Sin embargo, las tres víctimas entrevistadas por REFORMA aseguraron que psicólogos y terapeutas les indicaban cómo debían reaccionar durante las audiencias y frente al juez, sin reparar en la atención que necesitaban.

Además, sólo 6 afectadas pusieron su denuncia después del mes de agosto de 2016, el resto ya había denunciado desde junio del mismo año, según las carpetas de investigación, por lo que las jóvenes acusaron malos tratos en los Ministerios Públicos y, posteriormente con los agentes.

Con relación a la orientación médica, la dependencia dijo que sí se les proporcionó el kit, sin embargo REFORMA publicó parte de la entrevista a una de las madres de las afectadas, quien aseguró que ellas mismas tuvieron que comprar la pastilla del día después.

Las autoridades indicaron que cada una de las jóvenes recibió apoyo económico para su transportación y compra de medicamentos, un seguro contra la violencia y el Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas del Delito.

“Ellos ofrecen la ayuda a cuenta gotas, haciéndonos en su momento ir al MP y al CTA cada semana a ver cómo estaban nuestros casos y a ver si la ayuda del seguro contra la violencia ya estaba autorizada”, comentó Sara.

Ariadna Rotceh Barragán Lobo
Agencia Reforma