Maru Campos, candidata del PAN-PRD a la Gubernatura de Chihuahua, fue vinculada esta noche a proceso por el delito de cohecho pasivo, por presuntamente haber recibido más de 9 millones de pesos de la llamada “nómina secreta” del ex Gobernador priista César Duarte, cuando era diputada en el Congreso del Estado.
El Juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez también resolvió procesar por el mismo delito a los ex legisladores María Ávila Serna, del PVEM y Rodrigo de la Rosa, del PRI, en perjuicio de las finanzas estatales.
El Ministerio Público solicitó cuatro meses para el cierre de la investigación, en tanto que la defensa el máximo de seis meses.
Tras una maratónica audiencia, que inició el miércoles aproximadamente a las 8:00 horas y concluyó aproximadamente a las 22:30 horas de este jueves, tiempo local, luego de un receso de más de 14 horas, el juzgador encontró elementos para vincular a proceso a la Alcaldesa con licencia de Chihuahua Capital.
El Juez acreditó el presunto desvío de recursos realizado por personal de la Secretaría de Hacienda y la entrega de dinero a los tres imputados.
Señaló que la mayoría de las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de los tres imputados no fueron controvertidos por la defensa de los involucrados, por lo que el valor probatorio de las mismas acreditan la probable comisión del delito presentado por la Fiscalía General de Chihuahua.
Durante la audiencia se expuso que luego de que en un medio de comunicación local se difundieron recibos del dinero recibido, la Fiscalía General del Estado realizó cotejos correspondientes con escrituras que el notario Número 4 inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y coincide con la firma de Luis Raúl Flores, titular de la notaría.
Se reconoció como documento auténtico 34 recibos certificados.
María Eugenia es acusada de recibir indebidamente más de 9 millones de pesos para ella y para César Jáuregui Moreno, ex líder de la fracción parlamentaria del PAN, entre 2014 y 2015.
Rodrigo De la Rosa, ex coordinador de la bancada del PRI, fue acusado de recibir 2.5 millones de pesos, en tanto que María Ávila Serna, del PVEM 3.8 millones de pesos.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la llamada “nómina secreta” estaba conformada por un fondo de mil millones de pesos, desde el que se desviaron recursos hacia políticos, líderes religiosos, periodistas y representantes de otros sectores.
Pedro Sanchez Briones
Agencia Reforma
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