En 2022, el nivel de endeudamiento neto del sector público de México, ascendió a un billón 260 mil millones de pesos, el monto más elevado en términos reales en los últimos 15 años, señaló México Evalúa en el documento “Los costos del estímulo a gasolinas: recortes y deuda. Análisis anual 2022”.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) -la medida más amplia de endeudamiento, ya que incluye la deuda del Gobierno federal, empresas públicas, banca de desarrollo y el resto del sector paraestatal- fueron 99.6 por ciento mayores en 2022 que en 2018, último año del sexenio anterior, y el monto más alto desde 2008, año desde el que se tiene registro.

Además, este endeudamiento fue 27 por ciento o 264 mil millones de pesos mayor al aprobado para el año. Detrás de esto se encuentra el mayor déficit público registrado de 987 mil millones de pesos, producto de los faltantes de ingresos del Gobierno y su explosión en el gasto, explicó el centro de análisis.

Aunque en 2022 se obtuvo el mayor nivel de ingresos petroleros desde 2014 y la mayor recaudación de Impuesto sobre la Renta (ISR) que se tenga registro, los ingresos totales apenas crecieron 2.5 por ciento frente a 2021, describió.

México Evalúa destacó que el principal obstáculo para el crecimiento de los ingresos totales, y en particular de la recaudación tributaria, fue la política de estímulos y subsidios a las gasolinas, sumada a la reducción del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) que comenzó en 2019.

En su análisis, la organización explica que, medido en puntos del Producto Interno Bruto (PIB), el endeudamiento neto del sector público fue equivalente a 4.4 por ciento del total de la economía, sólo por debajo de los 4.5 puntos que representó en 2014. Para dimensionar, en el último año del sexenio anterior, este endeudamiento representó 2.2 por ciento del PIB.

México Evalúa sostuvo que la Administración federal actual no ha ejecutado un cambio real en la estructura de la política fiscal del sector público en relación con los sexenios anteriores.

Para la organización, lo peor es que hay un retroceso en la institucionalidad fiscal, ya que estas estrategias (salvo la reducción del DUC) no pasaron por la aprobación del Congreso, que es la única instancia facultada para aprobar los ingresos, gastos y endeudamiento del Gobierno federal y empresas del Estado.

Azucena Vásquez I Agencia Reforma

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