La Barra Mexicana de Abogados (BMA) calificó como ilegal e incorrecto el decreto del Presidente López Obrador para considerar como de seguridad nacional, prioritarios y estratégicos todos los proyectos y obras de su Gobierno, para blindarlos contra las suspensiones por juicios de amparo.
“(Es) ilegal e inconvencionalmente, con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional”, indicó.
“Solicitamos al Poder Ejecutivo Federal deje sin efectos el señalado acuerdo en respeto al Estado de Derecho”, añadió en un posicionamiento público.
La BMA aseguró que el decreto es violatorio de disposiciones en materia constitucional, competencia económica, ambiental, de debido proceso, de consulta previa y en materia de progresividad, en materia de derechos humanos, así como de los contenidas en tratados comerciales.
“La BMA tiene en su objeto social, entre otras cosas, velar por el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y los tratados suscritos por el Estado Mexicano, por ello manifestamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico nacional”, sostuvo.
La medida que publicó ayer López Obrador declara como asuntos de interés público y seguridad nacional los proyectos del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y otros que se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional y se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública a otorgar la autorización provisional en un plazo de cinco días y con vigencia de 12 meses, necesaria para iniciar los proyectos, para con ello garantizar su ejecución oportuna.
Víctor Oléa, uno de los vicepresidentes de la Barra Mexicana de Abogados, y Karla Kalycho aseguraron que el decreto presidencial es fácilmente impugnable por inconstitucional y desproporcionado, aunque ahora estará en manos del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Transparencia.
“En mi opinión ese decreto es plenamente impugnable en amparo”, dijo Olea vía telefónica.
Agencia Reforma
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