La propuesta, que modifica algunos artículos de la Constitución Política, también busca el uso eficiente de recursos públicos

La presidenta afirmó que no existen condiciones para un aumento en la tortilla, uno de los productos más importantes de la canasta básica
El Plan B de reforma constitucional propuesto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue entregado este martes al Senado de la República. La iniciativa busca reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de reducir los privilegios de la alta burocracia y fortalecer la revocación de mandato.
El Plan B se basa en los principios de la eficiencia en el uso del gasto público, el cuidado de los recursos y el fortalecimiento de la democracia participativa. En el acto de entrega, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, recibió el documento que establece nuevas reglas para la administración pública y el manejo del presupuesto federal y local.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, destacó la importancia de la iniciativa, calificándola como “noble para el pueblo de México”. Señaló que el Plan B busca acabar con los abusos y privilegios de los funcionarios públicos, sobre todo aquellos en cargos representativos, quienes deben ser congruentes con el principio de austeridad republicana.
El Plan B plantea una modificación al artículo 134 de la Constitución para que todas las dependencias públicas, tanto federales como estatales y municipales, ajusten sus remuneraciones conforme a los límites establecidos en el artículo 127. Además, propone que se prohíba la contratación de seguros de ahorro privados para servidores públicos utilizando recursos del Estado, con la excepción de aquellos derechos derivados de la ley o contratos colectivos de trabajo.
Otro aspecto fundamental de la reforma es el ajuste en los presupuestos públicos, tanto a nivel federal como local. En el caso del Senado, se establece un recorte presupuestal del 15% respecto al presupuesto aprobado para 2026. Este ajuste busca hacer más eficiente el gasto público y reducir los privilegios en la utilización de recursos públicos.
La reforma también incluye un ajuste en la integración de los ayuntamientos. Se propone que cada municipio se limite a contar con una persona síndica y un máximo de quince regidores, lo que evitaría que la composición de los ayuntamientos se utilice para fines políticos o personales. Esta medida responde a las demandas ciudadanas de mayor transparencia y representatividad democrática.
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