Renuncia el fiscal especial del caso Ayotzinapa: ¿Qué sigue para la investigación de los 43 desaparecidos?

El fiscal especial del gobierno mexicano para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa en 2014 renunció a su cargo, informó este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum.

El caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de las más de 120.000 desapariciones que acumula el país, la mayoría de ellas desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas.

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Rosendo Gómez, quien fue nombrado en el cargo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), decidió renunciar a su cargo, dijo la presidenta.

“Fue una decisión de él, de decir ‘ya cumplí un período’, y tomó la decisión de retirarse”, señaló la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

¿Quién tomará el caso Ayotzinapa tras la renuncia del fiscal especial?

Sheinbaum dijo que en su lugar quedará Mauricio Pazarán, quien trabajó en la fiscalía de Ciudad de México y en mayo pasado se unió a la unidad de la Fiscalía General que indaga el caso.

La mandataria ya había adelantado en mayo que los familiares de los 43 estudiantes habían pedido el cambio del fiscal especial.

Los alumnos de la escuela de maestros de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala (Guerrero, sur), adonde viajaron para apoderarse de autobuses en los que se trasladarían a Ciudad de México para participar en una protesta.

Durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), las autoridades presentaron la llamada “verdad histórica”, según la cual, los 43 jóvenes fueron masacrados por narcotraficantes en complicidad con la policía de Iguala.

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Pero estas pesquisas fueron desestimadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigaron el caso.

En 2022, una comisión de la verdad creada por el gobierno de López Obrador, calificó el caso como un “crimen de Estado” y dijo que militares compartían la responsabilidad, directamente o por negligencia.

Sin embargo, familiares de las víctimas acusaron al entonces mandatario de no hacer lo suficiente contra el Ejército.

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