La Suprema Corte de Justicia empezará a discutir mañana un proyecto que declara la validez del Acuerdo Presidencial de mayo de 2020 por el cual las Fuerzas Armadas seguirán realizando labores directas de seguridad pública por lo menos hasta marzo de 2024.
La Ministra Margarita Ríos-Farjat propuso a la Primera Sala de la Corte declarar infundada la controversia constitucional que la panista Laura Rojas, entonces Presidenta de la Cámara de Diputados, promovió para impugnar el Acuerdo, publicado el 11 de mayo de 2020.
El caso está en la Sala y no en el Pleno de la Corte, porque se trata de un mero Acuerdo administrativo, no de una ley.
Es probable que el asunto no sea votado hoy y, si el expediente es enviado al Pleno, será discutido hasta 2022 sin tener alguna fecha para ello.
La Corte también tiene pendientes controversias de los Gobiernos de Michoacán y Colima contra este Acuerdo, que son menos relevantes, porque las eventuales sentencias sólo tendrían efectos en los respectivos territorios.
La Sala revisará este proyecto sólo dos días después de que un tribunal colegiado de circuito confirmó, en definitiva, un amparo que declara inconstitucional el Acuerdo, pero que aparentemente no lo invalida, sino que sólo tiene efectos en favor de México Unido contra la Delincuencia (MUD), la asociación civil quejosa.
El Acuerdo justificó que la ayuda de Ejército y Marina para combatir a la delincuencia era necesaria, precisamente, para dar tiempo a la consolidación de la GN, que asumió las funciones que durante dos décadas correspondieron a la Policía Federal.
Para el Juez, y ahora para el tribunal colegiado, el Acuerdo prácticamente creó una nueva dependencia de seguridad pública; no obstante, que ninguna ley faculta al Ejército o Marina para estas funciones.
“No existe, legislación formal y material alguna en la que se dote de facultades y competencia a las Fuerzas Armadas para intervenir en cuestiones que atañen a la seguridad pública”, explicó.
Agencia Reforma
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