Tras una reforma al Artículo 167 Quater del Código Penal, en Sonora se castigará hasta con 10 años de cárcel a quien documente y difunda contenido sobre cadáveres.
La reforma fue avalada el pasado 6 de junio por el Congreso local y publicada en la Gaceta Oficial al día siguiente, decisión que fue reprochada por colectivos de búsqueda de desaparecidos que se apoyan en imágenes para lograr identificaciones.
Cecilia Salgado, fundadora del Colectivo Buscadoras por la Paz en Hermosillo, negó que esta reforma vaya a frenar o detener las labores de búsqueda e identificación de personas, que muchas veces logra llevarse a cabo a través de imágenes fotográficas.
“Nosotros vamos a mostrar lo que necesitamos mostrar para que la gente se entere de lo que encontramos, ya sea tatuajes, ya sea ropa y pues que tope donde tenga que topar, porque como familiares de desaparecidos necesitamos enterarnos, si necesitan el ‘aquí no pasa nada’, no, no, no, sí pasa y vemos como que es diario las desapariciones y no podemos tapar al sol con un dedo”, dijo a REFORMA.
“Nosotras somos las que lo visibilizamos, así que de mi parte, te digo, no paro la búsqueda, esta ley se va a respetar hasta donde queramos y si me toca cárcel ojalá las plebes me lleven comida de pérdida”.
Además, catalogó como incongruente que, por un lado, el Congreso local prohíba a particulares documentar cuerpos, pero que la Fiscalía utilice fotografías para identificación de restos en la aplicación móvil “ID Sonora”, presentada en mayo pasado.
En tanto, Cinthya Gutiérrez, líder de Guerreras Buscadoras en Guaymas, en el sur, señaló que pese a que estuvieron en contra desde que se enteraron de que podría aprobarse, sus peticiones no se escucharon.
“No nos parece porque como colectivo subimos imágenes que puedan reconocer las familias, no lo hacemos con morbo y así con esta ley no nos permitirán avanzar en búsqueda de las familias, que mal está”, reprochó.
Mientras que Cecilia Flores, líder de Madres Buscadoras en Sonora, quien ha denunciado amenazas del crimen para detener su búsqueda, opinó que dicha reforma les complicará más sus labores.
“Esa ley mordaza nos viene a fregar más la existencia y lucharemos porque la quiten, haremos manifestaciones de ser necesario”, replicó.
Las modificaciones al artículo 167 se llevaron a cabo para penalizar a quien audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal.
Además, no se podrán exhibir las circunstancias de la muerte o de las lesiones que los cuerpos éstos presenten, sea en el lugar de los hechos o del hallazgo o en cualquier domicilio público o privado.
Las penas van de 4 a 10 años de prisión y multa por un importe equivalente de 100 a 150 cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
Nayra Rivera Vazquez | Agencia Reforma
