Iván Escalante, titular de la dependencia, dijo que se acercaron con la empresa a fin de pedir que modifiquen la publicidad o introduzcan pólizas de satisfacción para los clientes

La intervención de Profeco llevó a cambios en la Garantía Cinépolis, tras inconformidades por la película “Emilia Pérez” | Fotos: Especial
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino en la controversia generada por la llamada Garantía Cinépolis en torno a la película Emilia Pérez.
El titular de la Profeco, Iván Escalante Ruíz, explicó durante la conferencia matutina que, tras múltiples denuncias de usuarios, se contactó a la cadena de cines para regular esta práctica.
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De acuerdo con Iván Escalante, Profeco solicitó a Cinépolis que ajustara su publicidad para evitar confusiones o que implementara una póliza que respaldara esta garantía. Tras las reuniones, la cadena introdujo términos y condiciones claros para hacer efectiva la Garantía Cinépolis.
“Lo que hicimos fue buscar a la empresa para decirle ‘o le retiras el término garantía y le pones recomendación o nos das una póliza donde se garantice que le vas a dar a las personas consumidoras’”, aseguró el titular de la Profeco.

La reformada política establece que los consumidores pueden invocar la garantía dentro de los primeros 30 minutos de haber iniciado la película. Para ello, deben presentar su boleto, ya sea físico o digital, en el área de atención al cliente.
Los clientes pueden optar por dos formas de compensación: un boleto gratuito para otra función y horario (sujeto a disponibilidad) o un reembolso total, ambos disponibles bajo ciertas condiciones.
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El conflicto surgió cuando usuarios en redes sociales, insatisfechos con la película Emilia Pérez, reclamaron reembolsos basándose en el término Garantía Cinépolis. Inicialmente, la cadena había explicado que solo se trataba de un sello de recomendación y que no implicaba devoluciones. Sin embargo, gracias a la intervención de Profeco, ahora existe claridad en los términos.
Con este ajuste, Profeco busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar prácticas comerciales justas en el país.
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