Afectados por la apropiación ilegal de 91.5 hectáreas privadas para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, exigen una indemnización al gobierno federal.

El 12 de julio pasado, abogados de la familia que ganó un amparo por dicha apropiación solicitaron a la actual jueza quinta de distrito en Materia Administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, que se ordene al gobierno pagar una indemnización por los predios para el cumplimiento sustituto de la sentencia, pues su devolución ya es imposible, al haber concluido la mayor parte de las obras del AIFA.

El trámite del cumplimiento sustituto podría tardar meses o años, pues la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que declaró a los predios como propiedad de la nación, podría intentar un nuevo procedimiento de deslinde para poner en duda que la familia es la verdadera dueña y también podría haber desacuerdo entre las partes sobre el monto del pago.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa confirmó el 3 de junio pasado el amparo otorgado por un juez a los herederos de Raúl Romero Zenizo, quienes probaron ser dueños legítimos de dos fracciones de terrenos en el municipio Nextlalpan.

Pese a ser propiedad privada, la Sedatu declaró que los predios eran propiedad nacional y los cedió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en abril de 2019, sin haber pasado por un proceso de expropiación y sin pago de indemnización.

En las sentencias del juicio consta que la propia Sedena admitió, en un oficio dirigido a Sedatu el 6 de junio de 2019, que los terrenos eran propiedad privada:

“Esta Secretaría de Estado realizó trabajos técnicos en los que se obtuvo que los terrenos que hace referencia el peticionario (Romero Zenizo) se encuentran dentro de la citada franja de seguridad (del AIFA); asimismo, se consultó al Instituto de la Función Registral del Estado de México la legalidad de la documentación que presentó el referido propietario, manifestando el instituto que es correcta, encontrándose inscrita en sus acervos y que le da la calidad de propietario”, afirmó el general Hiram Cárdenas, director general de Ingenieros de la Sedena.

“Las resoluciones de Sedatu (…) resultan ilegales al haberse incluido dentro de éstas, las fracciones B y E de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, propiedad del quejoso”, sentenciaron tanto el juzgado como el tribunal colegiado.

La fracción B abarca 902 mil 81 metros cuadrados, mientras que la fracción E suma otros 12 mil 886 metros cuadrados.

El deslinde para aclarar la propiedad de estos terrenos no se hizo para al AIFA, sino que se inició el 2015, para atender una solicitud presentada a Sedatu por 722 personas que querían comprar fracciones del predio Xaltocan.

EEntre 2016 y 2018, Sedatu notificó por edictos el proceso de deslinde, pero el tribunal destacó que no hizo el esfuerzo de búsqueda que manda la ley para emplazar de manera personal a Romero Zenizo, pese a que en el sistema catastral del Estado de México había registros de sus predios, escriturados en 1975.

Staff l Agencia Reforma