La Fiscalía General de la República pidió a un juez federal ampliar por otros tres meses el plazo de la investigación complementaria en el proceso al que está vinculado Jesús Murillo Karam, por el Caso Ayotzinapa.
Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, aplazó esta mañana la audiencia en la que iba a definir si concedía el aplazamiento, debido a que el ex Procurador General de la República no se conectó por videoconferencia
Precisamente esta mañana, cuando se llevaba a cabo la diligencia judicial, Murillo estaba siendo trasladado del Hospital Belisario Domínguez, en Iztapalapa, a la Torre Médica del Penal de Tepepan, en Tlalpan, aunque su defensa no tuvo conocimiento del hecho en ese momento.
“No hay condiciones para que se lleve a cabo la audiencia porque el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el imputado debe estar presente y hasta el momento no se ha acreditado la imposibilidad de que esté presente”, dijo el juez.
El pasado 22 de noviembre venció el plazo de tres meses que autorizó Fuerte Tapia para la investigación complementaria, etapa que es contemplada para que las partes recaben sus respectivos datos de prueba.
Aunque la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) pidió ampliar por tres meses la investigación complementaria, debido a que no ha reunido todos los medios de prueba solicitados por la defensa, en la audiencia de esta mañana se opuso a llevar a cabo la audiencia por la ausencia del imputado.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que ayer 28 de noviembre un perito de la FGR acudió al hospital de Iztapalapa y levantó un dictamen que señala que Murillo Karam tiene “un estado de salud estable, se encontraba sentado en un reposet con bata de descanso, no necesitaba apoyo para trasladarse y no requiere oxígeno”.
Elba Marina Vázquez Mendioza, abogada del ex Procurador, respondió que el dictamen referido por el fiscal era del 9 de noviembre y no del 28, y que esta mañana Murillo no estaba en condiciones de comparecer en la diligencia.
También justificó que Murillo no podía conectarse a la videoconferencia porque los servicios médicos del sistema penitenciario prohibieron introducir teléfonos y dispositivos electrónicos al lugar en el que se encontraba internado.
Adicionalmente, la litigante dijo que su cliente firmó un escrito para manifestar su deseo de que la diligencia se llevara a cabo sin su presencia.
La fiscal de la UEILCA le reviró que no había certeza de que esa fuera la voluntad de Murillo y que era necesario que estuviera presente para que confirmara su escrito.
El juez al final aplazó la audiencia argumentando que la norma procesal exige la presencia del acusado y le dio 3 días a la FGR y a la defensa para que acrediten por escrito la posibilidad o imposibilidad de que Murillo comparezca o que él mismo pondere su presencia.
Abel Barajas | Agencia Reforma
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