Al advertir que las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino constituyen una de las principales causas de muerte en el mundo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades mexicanas a garantizarlo, en especial, a poblaciones vulnerables, como mujeres privadas de la libertad.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional por la Despenalización del Aborto, la CNDH resaltó la importancia del reconocimiento de la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como su derecho decidir.
Por ello, lanzó un llamado a las autoridades penitenciarias federales, estatales y militares, a las de salud, del Instituto Nacional de las Mujeres y de las Instancias de las Mujeres en las entidades federativas, así como de las Comisiones de Atención a Víctimas y sus análogas en los estados, a garantizar a las mujeres en reclusión el acceso efectivo y oportuno a métodos antifecundativos, de emergencia, y en su caso, a la interrupción de su embarazo.
“A partir del marco normativo que cada entidad del país les admite como causales de exclusión para acceder al aborto legal y seguro”, acotó.
La CNDH exhortó a observar especialmente los casos de mujeres que han sido víctimas de agresiones sexuales, de violencia sexual en pareja, del retiro secreto de preservativos por parte de sus parejas sexuales, conocido como stealthing, y en el contexto de actos de tortura durante su detención, traslado, presentación o permanencia ante una instancia o autoridad, centro penitenciario o durante su estancia en dichos establecimientos.
“Para este organismo público, este Día Internacional debe servir para impulsar, a la par de la despenalización total del aborto en nuestro país, la integridad, la salud y la vida de las mujeres, muy en particular de las mujeres en reclusión y de mujeres adolescentes en internamiento, que soliciten métodos anticonceptivos, de emergencia o de interrupción tras haber enfrentado algún escenario de violencia sexual, o que estando en contextos admitidos por las legislaciones penales locales les permita acceder a la interrupción de su embarazo”, expuso.
“La CNDH ha documentado casos de obstaculización, negativa o limitación de acceso a dichos servicios estando en prisión, lo que se ha traducido en embarazos no deseados. Por tal motivo, se considera fundamental combatir y eliminar los prejuicios y estigmas que, basados en el género, en la preferencia sexual o identidad de género de las personas, han provocado contextos de violencia institucional al interior de los centros penitenciarios o especializados de internamiento donde se albergan mujeres”, añadió.
Esta comisión refirió que si bien en el país se ha avanzado en el reconocimiento de la despenalización del aborto, también existen pendientes que, dijo, siguen generando vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres al no ser observados.
E insistió en la trascendencia de impulsar todas aquellas acciones que permitan que las mujeres accedan a servicios de interrupción e insumos médicos, anti fecundativos y de emergencia seguros, continuos y suficientes, así como a mecanismos legales de acompañamiento, tratándose de víctimas de violencia sexual y de tortura sexual.
Más de 6 mil muertes al año por aborto inseguroDe acuerdo con las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), diariamente mueren 800 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto, como la eclampsia y preeclampsia, las hemorragias, las infecciones y los abortos inseguros, y se calcula que anualmente se practican 25 millones de interrupciones de embarazos de forma clandestina.
Con respecto a México, de acuerdo también con las cifras más recientes con que se cuenta, las de la organización sin fines de lucro, Telefem, refieren que en 2021 hubo unas 6 mil 700 muertes de mujeres relacionadas con abortos inseguros en el país, y durante la primera etapa de la pandemia se estima que los embarazos no planeados se elevaron 30 por ciento.
Cabe recordar, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado respecto de poner fin a la criminalización del aborto y asegurar que todas las mujeres puedan acceder a todos los servicios de salud necesarios, incluidas a la salud sexual y reproductiva, de manera segura, de conformidad con sus derechos humanos.
La ONU ha sostenido que negar a las mujeres el acceso a la atención médica necesaria es inherentemente discriminatorio y constituye una violación a sus derechos, la cual se agrava en mujeres en situaciones vulnerables, que no pueden acceder a abortos seguros.
Iris Mabel Velazquez Oronzor | Agencia Reforma
